El director de investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, consideró como una “tragedia” que al menos 2,300 millones de lempiras asignados al cuestionado Fondo Departamental no se manejó de forma correcta en los últimos 10 años.

En ese contexto, el representante de este organismo civil lamentó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), solo ha podido auditar 62 millones de lempiras, y señaló que el problema se debe al colapso del sistema de control desde la auditoría interna del Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quienes deberían asegurar que los datos estén en el portal del Legislativo.

Ramírez atribuyó lo anterior a una muestra de lo complicada y sistémica corrupción e incompetencia en el país, cuanto se trata de fondos públicos.

Puso de ejemplo casos como los sucedido con los habitantes de El Corpus, Morolica, Teupasenti y Danlí que "nunca recibieron los recursos para la adquisición de techos, urea, merienda escolar, bolsas solidarias, entre otros beneficios", cuestionó el profesional del derecho.

Criticó que los fondos departamentales tienden activarse en campañas políticas, "lo que demuestra que el dinero no es orientado a ayudar a las poblaciones para mejorar sus condiciones de vida o en tratar de salir de la pobreza".