El Abogado Fernando González realizó un análisis sobre los últimos cambios anunciados por la Presidenta Xiomara Castro en respuesta a la crisis penitenciaria y la trágica muerte de 46 mujeres en la cárcel femenina de Tamara. Durante su participación en el programa «En La Mira» con el periodista Carlos Martínez, González expresó su opinión sobre diferentes aspectos relacionados con el traspaso “otra vez” de la administración de los centros penales a las Fuerzas Armadas y la gestión de los centros penitenciarios por parte de la Policía Nacional.

González mencionó que en el pasado se criticó la creación de la Policía Militar del Orden Público, considerándola una guardia pretoriana para los intereses del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Ahora, en medio de la crisis, se ha recurrido a esa opción, lo cual demuestra una contradicción. Y es que las Fuerzas Armadas juegan un papel más social en los países latinoamericanos, a diferencia de Europa, donde su función es principalmente armamentista.

El abogado enfatizó que actualmente no se cuenta con el personal capacitado para manejar las cárceles y se refirió a la necesidad de tomar medidas urgentes para solucionar esta problemática. Además, señaló que la responsabilidad recae en el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional, quienes no han cumplido adecuadamente con la misión asignada por la Presidenta. González mencionó casos específicos de personas que estaban en proceso penal y deberían haber sido liberadas según el nuevo Código Penal, pero la falta de acción de la Corte Suprema de Justicia llevó a su trágico fallecimiento en la cárcel.

“No menos de un 60% de mujeres no han sido sentenciadas en la cárcel en Tamara Francisco Morazán. O sea, estamos hablando de llevar todo, inclusive hasta una casación. Porque la prisión preventiva aquí le puede durar 30 meses. Ajá, y después de esos 30 meses, ¿cuánto le puede durar una casación? ¿Tres? ¿Dos años? ¿Cuatro años? Entonces estamos hablando de casi 7 años donde no ha sido vencida en juicio. Eso es en realidad el letargo que ha sufrido el poder judicial y que se espera que este nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia cambie”, dijo el abogado González.

El abogado planteó la posibilidad de privatizar los centros penitenciarios como una solución para evitar demandas internacionales contra el Estado de Honduras. También mencionó la necesidad de amnistías e indultos para aliviar la sobrepoblación carcelaria y destacó la importancia de herramientas como los grilletes electrónicos en el sistema penitenciario.

En resumen, el Abogado Fernando González expresó su preocupación por la falta de preparación del personal encargado de los centros penitenciarios, criticó la gestión del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional, y propuso medidas como la privatización y el uso de indultos para abordar la crisis penitenciaria en Honduras.