Abogado Andrés Urtecho, y exjefe de la policía en San Pedro Sula,  hizo un análisis sobre las recientes declaraciones de las autoridades de la Policía Nacional, que aseguran que los índices de criminalidad han bajado en Honduras. Sin embargo, esas declaraciones contrastan con la percepción de los hondureños que hoy por hoy se sienten inseguros al salir de sus casas.

Y se refirió al hecho que, últimamente, la moda es compararse a El Salvador,  y mencionó que hay muchas variables a considerar,  como la extensión de territorio y el número de población y acotó que en Gobiernos anteriores se invirtió en uniformes,  en instalaciones modernas,pero se olvidó de la acción represiva,, dicho en otras palabras, la investigación.

«Este debe ser el año, o la meta del Gobierno,  incrementar sustancialmente los órganos de investigación, los Estados de Investigación no funcionan solos, no es patrullando o registrando carros que se va a frenar la delincuencia en Honduras, estamos volviendo a los secuestros y el robo del vehículo,  si yo fuera Gobierno invertiría en investigación, lo que estimula al delincuente a seguir delinquiendo es la impunidad, que no hay consecuencias por cometer un delito», aseveró.

Agregó que no hay capacidad numérica de parte de la policía para hacer frente a los delitos diarios en el país, “un funcionario puede llevar hasta 120 procesos de investigación, la policía hace sus esfuerzos, pero humanamente eso no es viable, la policía hace sus esfuerzos, pero mucha carga de trabajo y pocos funcionarios», dijo.

Aseguró que los narcos ya no están invirtiendo en Honduras,  porque hay una persecución al lavado de activos, pero prefieren invertirlos en otros países de Centroamérica y México, porque hay menos persecución,  por lo que el problema debe ser abordado de manera regional, asevera.

Sin embargo, la extorsión es el delito que más afecta al país,  afectando a los pequeños empresarios.  Pero recalca que un Estado de excepción no lo va a erradicar, sino hay una estructura de inteligencia e información para intervenir los muncipios, barrios, casas y las personas responsables de coordinar este delito.