Tegucigalpa. En medio de una nueva extensión del estado de excepción, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos reveló hoy que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha recibido alrededor de 500 quejas contra agentes del orden.

Estas acusaciones han generado un llamado urgente a establecer mecanismos efectivos de control sobre las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado.

Según el Conadeh, es imperativo implementar un control interno por parte de los mandos superiores, ya que los agentes del orden operan bajo una cadena de mando que necesita supervisión.

Las quejas presentadas por las víctimas involucran a agentes y oficiales de la Policía Nacional Preventiva (PNP), la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la Policía Militar del Orden Público.

Las denuncias se centran en el uso desproporcionado de la fuerza durante allanamientos sin orden judicial, daños a la propiedad privada y la incriminación sin pruebas sólidas. Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, afirmó que estas denuncias evidencian un patrón de infracción a la ley.

Cáceres señaló que las acciones ilegales se intensifican cuando los policías, bajo el estado de excepción, irrumpen en hogares durante la noche para capturar a supuestos delincuentes y les implantan pruebas. Aunque algunos de estos casos han sido corroborados por el Ministerio Público, el Conadeh ha recibido numerosas denuncias que refuerzan estas acusaciones.

Ante esta situación, el Conadeh ha recomendado suspender o eliminar el estado de excepción y adoptar una política de seguridad ciudadana que garantice un control efectivo sobre las actuaciones policiales.

Además, se hace hincapié en la necesidad de una Política Integral con un enfoque de género, ya que el uso desproporcionado de la fuerza afecta especialmente a mujeres, niñas y adolescentes.

En un lapso de un año, desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023, el Conadeh recibió 110 quejas por violaciones a los derechos humanos contra las mujeres, destacando casos en varios departamentos del país.

Las denuncias incluyeron allanamientos sin orden judicial, violencia contra menores de edad y pérdida de objetos personales durante dichos allanamientos.

El Conadeh concluye que el estado de excepción no debería ser extendido temporal o territorialmente, ya que va en contra de estándares internacionales de derechos humanos.

En cambio, aboga por una política integral de seguridad que respete los derechos humanos y tenga un enfoque de seguridad ciudadana.

Esta alarmante situación subraya la urgencia de abordar las violaciones a los derechos humanos y garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su situación legal.