La Fiscalía del distrito Sur no ha cumplido con la resolución del Juez sobre la entrega a la defensa de información clasificada y no clasificada exculpatoria en el tiempo oportuno. Ahora solicita una nueva prorroga para responder la resolución del 20 de diciembre.

Tegucigalpa. La abogada Sabrina Shroff, parte del equipo legal del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, ha instado al Juez Kevin Castel de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a garantizar la pronta entrega de documentos clasificados antes de la audiencia del 16 de enero de 2024.

La solicitud, respaldada por el argumento de la defensa de Hernández sobre la negativa persistente del Gobierno de Estados Unidos de proporcionar la información solicitada, destaca la importancia de recibir la totalidad de los documentos clasificados antes de la próxima fase del juicio.

La abogada Shroff resalta que, según la Regla 16 de la Regla Federal de Procedimiento Penal, el gobierno tiene la responsabilidad de revelar información relevante del acusado, independientemente de la naturaleza clasificada de la misma. Se subraya que esta información es vital para demostrar la inocencia de Hernández en el juicio programado para el 5 de febrero de 2024.

En respuesta a la carta de Shroff, los fiscales han solicitado una nueva prórroga, hasta el 4 de enero de 2024, para responder al juez. Esta demora, sumada al incumplimiento previo de la Fiscalía con la resolución del juez, ha generado inquietudes sobre la posibilidad de un juicio justo y equitativo.

La abogada  destaca que la demora en la entrega de información clasificada puede interpretarse como un desacato a la resolución del juez y como una violación de la Ley de Procedimiento de Información Clasificada (CIPA), que busca proteger la seguridad nacional de EE. UU. y los derechos de defensa de los acusados.

Por su parte, la exprimera dama Ana García de Hernández ha expresado su preocupación por la presunta obstrucción del proceso legal, señalando que su esposo enfrenta un claro estado de indefensión. García sugiere que el caso podría estar más vinculado a motivaciones políticas que a un proceso penal justo.

El equipo legal espera una pronta resolución para garantizar que se cumplan los principios fundamentales de igualdad ante la ley, derecho a un juicio justo y el debido proceso legal en este caso, que ha captado la atención internacional por su complejidad y relevancia política.