Hace ya casi dos meses que el Registro Nacional de las Personas anunció la firma del contrato para la emisión del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), o nueva tarjeta de identidad, pero su contenido todavía es desconocido para el ‘SOBERANO’, que se supone es el pueblo, pero que a menudo para los funcionarios públicos resulta en ser la persona menos importante.

el Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció la adjudicación del contrato para la emisión de 5.5 millones de tarjetas para la nueva tarjeta de identidad al consorcio europeo, Thales Group.

Pese a que se reveló que la empresa cobraría 1.88 dólares por cada DNI, el contrato permanece oculto. Esto opaca la transparencia con la que las autoridades aseguran se ejecuta el proceso.

El proceso de licitación para la reestructuración de la antigua tarjeta de identidad inició desde octubre de 2018, pero fue prácticamente dos años más tarde que se materializó en una segunda licitación.

Inicialmente, el RNP informó que dos empresas resultaron finalistas en el primer concurso. Sobre ello, Richard Barathe, representante en Honduras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -quien ejecutó el proceso licitatorio- dijo que la información sobre ambas compañías finalistas se mantenía en «confidencialidad».

Sin embargo, meses más tarde se conoció, que las firmas internacionales, no cumplían con las condiciones de seguridad que el RNP solicitaba. Esto dilató así el proceso, pero fue hasta el pasado 19 de agosto, que se confirmó la finalización de la segunda licitación.  Dos días después, la población hondureña conoció que Thales Group, es la nueva encargada de emitir el principal documento de identificación.