El contrato que Pedro Barquero, como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), firmó con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), incluye una cláusula que obligaba al gobierno a pagar por adelantado dos millones de lempiras, a cambio del uso de las instalaciones de Expocentro de San Pedro Sula para atender a pacientes sospechosos de contagio de Covid-19.

Según el documento, que se adjunta a esta noticia, lejos de que este acuerdo sea un aporte del empresariado del Valle de Sula con su población, se convirtió en un negocio que le generaba a ese organismo encabezado por Pedro Barquero, un ingreso mensual de un millón de lempiras durante 3 meses, pero además hay una cláusula que obliga al país en plena pandemia a pagar un mes de alquiler por adelantado y un depósito equivalente a otro mes de alquiler al momento de la firma del contrato.

El compromiso se firmó entre Pedro Barquero, presidente de la CCIC y Carlos Cordero, quien en aquel momento se desempeñaba como Subcomisionado de Copeco, eso sucedió el 22 de abril, y tiene una duración de 3 meses, es decir venció el pasado 22 de julio, pero según el texto puede ser prorrogable de manera automática, por lo que sus cláusulas continúan vigentes.

Aunque el documento establece que la CCIC acordó otorgar un descuento del 68 por ciento, siempre se traduce en una obligación del país de pagar una millonaria renta en plena pandemia, a cambio de tener un lugar dónde atender a personas sospechosas de sufrir del nuevo Coronavirus.

De esta forma, la CCIC es la única organización que está cobrando alquiler de sus instalaciones para uso como sala de triaje de pacientes de Covid-19.