Resulta que la Municipalidad Sampedrana se encuentra a las puertas de enfrentar un segundo juicio ante la concesionaria de la basura, la que antes de entrar en operaciones ya le había ‘arrancado’ más de 6.6 millones de dólares y 39 millones de lempiras adicionales por intereses moratorios, en un juicio que la ciudad perdió por la no ejecución del contrato que se le había otorgado.

En esta nueva edición de una relación ‘que apesta’, las autoridades municipales se resisten a realizar pagos por el concepto de que la concesionaria maneja como “mayores costos”, es decir, el reconocimiento de la variación de costos en insumos, mano de obra, entre otros.  pero que a juicio de la municipalidad el contrato no contempla tales pagos.

El asunto se le complicó a la Municipalidad de San Pedro sula, cuando el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en respuesta a una solicitud del alcalde Roberto Contreras, hizo una investigación, pero que nunca se imaginó que le diera la razón a la empresa colombiana.

En el informe que entregó el TSC, sugiere presentar un plan de acción. Ambas partes deben agotar las instancias, invocar la cláusula de solución de controversias; pero no ha sido posible.

La compañía lo solicitó, según cruce de cartas, pero la municipalidad no respondió, asegurando que agotarán las instancias para defender los intereses de la ciudad.

La municipalidad presentó inicialmente una manifestación ante el organismo contralor por el informe emitido y luego impugnó su contenido “por vicios de nulidad al no respetarse el debido proceso administrativo y por no estar conforme a ley”.

De su parte el magistrado presidente del TSC, Juan José Pineda, lamenta que tanto la alcaldía como Sulambiente debatan públicamente un tema que debe ser tratado en las instancias pertinentes. Lo anterior porque ambas partes acuden a diversos foros de los medios de comunicación, pero ante las instancias legales para superar este impasse.

Pineda explicó que la alcaldía sampedrana ya estaba siendo intervenida por el TSC por una auditoría del POA (Programa Operativo Anual) que se hace normalmente a todas las alcaldías, y no es cierto que solamente sea en esa ciudad que se está haciendo auditoría, dijo al referirse a las declaraciones del alcalde, quien cuestionó que hay 12 auditores del TSC en la alcaldía sampedrana.

“Las indagaciones se hacen con el propósito que las partes respeten las leyes, pero no fue porque se contrataron a 12 auditores que están allí diciendo que fueron contratados por Sulambiente, ya que es una denuncia que debería realmente formalizarla porque por lo menos este su servidor desconoce lo que ha dicho el señor alcalde. El decir esas aseveraciones está faltando a la verdad, a no ser que él presente la denuncia y las pruebas”, apuntó el magistrado.

Explicó que el informe es un procedimiento que se sigue. “No es una resolución del pleno, por lo tanto, el procedimiento está establecido en las normativas de auditorías. Le recomienda a la alcaldía que se respete lo contractuado, en ninguna manera le está diciendo pague o no pague”.

Indicó que la impugnación al documento es legal y luego será conocida por el pleno de magistrados. “No se debe politizar y ni estar demeritando los trabajos de las instituciones del Estado, somos personas serias y vamos a seguir siendo serios y respetuosos de las leyes”, detalló.