Tegucigalpa. El dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, Wilmer Cálix, expresó su preocupación por la falta de compromiso de algunas instituciones en la aplicación de la ley contra los extorsionadores durante el estado de excepción en Honduras, vigente desde diciembre de 2022.

Cálix señaló que, de los 1,700 detenidos por extorsión, apenas 56 han sido judicializados por el Ministerio Público, lo que evidencia una pasividad que afecta la lucha contra este delito.

«Los resultados no se han logrado debido a la falta de compromiso de las instituciones que deberían formar parte del estado de excepción. La Policía Nacional ha hecho un trabajo sobresaliente, pero otras instituciones no lo han hecho», declaró el entrevistado.

El dirigente del transporte alertó que las estructuras criminales siguen extorsionando a los transportistas, utilizando métodos más sofisticados como transferencias bancarias y billeteras electrónicas. Señaló que instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones han sido pasivas en la regulación de estos métodos de extorsión.

Por otro lado, Cálix destacó que, a pesar de las más de 2,000 detenciones realizadas por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en 2023, solo el 3% de los arrestados enfrenta procesos judiciales, evidenciando una falta de celeridad en la aplicación de la ley.

Las autoridades de Dipampco indicaron que han arrestado a más de dos mil miembros de estructuras criminales vinculadas a extorsión y otros delitos en lo que va de 2023, pero la preocupación persiste debido a la baja tasa de judicialización.

Por su parte, el informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) destaca que, a pesar del estado de excepción, la extorsión continúa afectando diversos sectores económicos, siendo el transporte el más perjudicado. Mientras la modalidad de extorsión en efectivo ha disminuido, otros métodos como transferencias bancarias y billeteras electrónicas han aumentado, según el informe de ASJ.

Carlos Hernández, director de ASJ, destacó el incremento del uso de plataformas electrónicas y transferencias para el cobro de extorsiones, subrayando la necesidad de medidas más efectivas para combatir este delito que sigue afectando a la sociedad hondureña.