Debido a que el Código Penal publicado, es diferente al que socializaron, exigen la derogación del publicado y consecuentemente sea elaborado uno, no a la medida de los corruptos y crimen organizado; sino, a la medida de la realidad nacional.

Tal inconformidad la hicieron público una gran cantidad de organizaciones de la sociedad nacional entre ellas: el Cohep, CNA, C-Libre, Caritas, Frente Parlamentario de Apoyo a la Democracia, Fosdeh, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Coinproden, CPH, entre otros; de forma tal que el Legislativo queda en evidencia de qué lado está.

La alarmante serie de inconsistencias presentes en el nuevo código Penal condujeron a todas estas organizaciones de la sociedad civil, de reconocido prestigio en sus respectivas éjidas, a exigir la invalidación absoluta del nuevo Código Penal y que cuanto antes, se proceda a la elaboración de uno, que en verdad contenga políticas anticriminales, que prevengan la comisión de delitos.