Después de la denuncia grave que hizo la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva en relación al terrible suceso que cobró la vida de 46 reclusas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, Natalie Roque, titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), exigió acciones contundentes.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un informe oficial sobre la tragedia en la cárcel de Támara. La funcionaria manifestó a través de su cuenta de Twitter la urgencia de una investigación inmediata por parte del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, sin dilaciones.

Roque enfatizó la necesidad de esclarecer responsabilidades, especialmente si se involucra a funcionarios públicos, con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de todos los involucrados.

Además, señaló que los resultados de estas investigaciones deben asegurar la verdad para los familiares y adoptar medidas para prevenir futuros incidentes que vulneren la integridad y vida de los privados de libertad.

El exgeneral en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, subrayó el desafío que implica para la Secretaría de Seguridad y el MP el señalamiento de una posible violación del sistema de justicia por parte del Conadeh, resaltando la necesidad de dos líneas de investigación en la Policía Nacional y el MP.

La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, responsabilizó a la Policía Nacional de las muertes de las reclusas, indicando que 119 de los 120 casquillos hallados en la escena pertenecían a esta institución, con grabados que hacen referencia a la Industria Militar Israelí.

Sin embargo, Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), expresó su sorpresa por la divulgación pública de esta denuncia debido a la falta de credibilidad en los órganos de investigación policial.

El Conadeh anunció su intención de emplazar a Villanueva para que en 48 horas remita toda la documentación relacionada con el caso.

La tragedia en la PNFAS dejó 46 fallecidos y siete heridos, con 23 muertes por armas de fuego y armas blancas, y otras 23 víctimas a causa del incendio durante la reyerta entre dos pandillas rivales.

Villanueva, tras declarar una emergencia por la riña, ordenó una intervención inmediata en la cárcel, atribuyendo el incidente a acciones del crimen organizado, lo que culminó con su destitución al frente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario de Honduras.