Tegucigalpa. Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, reveló hoy que durante el año 2023, el sector del transporte pagó entre 500 y 600 millones de lempiras en extorsiones, fortaleciendo así a diversas estructuras criminales.

Cálix lamentó la situación y alertó sobre el impacto de nuevas estructuras criminales que ya están exigiendo pagos de extorsión al inicio del año. A pesar de que el negocio del transporte es rentable, las ganancias terminan en manos de estas organizaciones delictivas.

El informe «Un año de lucha contra la extorsión en Honduras: evaluando avances y resultados», presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), revela que durante 2023, el delito de extorsión alcanzó su punto más alto en los últimos cinco años en Honduras.

A pesar de los esfuerzos, la extorsión afectó al 11.1 % de la población hondureña en 2023, según el mismo informe, a pesar de la implementación del plan antiextorsión y el estado de excepción. La Secretaría de Seguridad informa la detención de 314 personas vinculadas a la extorsión y 40 casos investigados remitidos al Ministerio Público desde el anuncio del estado de excepción.

Las autoridades expresan su preocupación por la falta de cultura de denuncia ciudadana, lo que obstaculiza la lucha contra la criminalidad que impone el «impuesto de guerra».

Cálix recordó que existe un anteproyecto de ley para reclasificar la extorsión como un delito público, permitiendo a las autoridades actuar de oficio. Sin embargo, en los primeros 11 días de 2024, tres rutas en Tegucigalpa se han visto obligadas a paralizarse debido a la incapacidad de pagar la cuota de extorsión a nuevas estructuras criminales.

Ante esta situación, Cálix hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar la lucha contra la criminalidad y garantizar la seguridad de los transportistas y colaboradores en este sector.