TEGUCIGALPA. - El Presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta Pérez y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, realizaron ayer un acto especial para la entrega de acuerdos de nombramiento permanente al personal que aprobó el proceso de evaluación al que fueron sometidos, según lo establecido en el Acuerdo N PCSJ 38-2022 de la Ley de la carrera Judicial, informaron mediante un comunicado las mismas autoridades.

Detallan que trata de personal administrativo de apoyo que ahora tendrá su permanencia en los puestos de Contador, Técnicos de Apoyo, Auxiliares Administrativos, Emisores de Antecedentes, Supervisor y miembros de Seguridad y Vigilancia, Archiveros, Atención al Cliente, Conserjes y Oficinistas entre otros, haciendo la totalidad de 99 Servidores Judiciales que subsanaron el proceso de evaluación.

Entre algunos de los hallazgos sobre la situación laboral de muchos servidores judiciales de contrato, explican que resalta que muchos de ellos han estado laborando bajo dicha modalidad desde el año 2009.

Considerando esta situación, indican que la Presidencia del Poder Judicial consciente del valor que reviste cada uno de los empleados y funcionarios judiciales que conforman ese Poder del Estado, y con el objetivo de brindar una mayor estabilidad laboral, mediante acuerdo del 23 de octubre 2019, aprobó el desarrollo de un proceso de evaluación a todo el personal judicial por contrato, para su incorporación al servicio regular de la carrera Judicial, el cual está compuesto por tres subprocesos: evaluación de antecedentes personales, evaluación de servicios y evaluación de confianza.

En este acuerdo, se estableció que para considerar que el empleado judicial por contrato ha aprobado el proceso, de los resultados que arrojen las evaluaciones de antecedentes penales, de servicios y de confianza, deberá concluirse que cada uno de ellos ha cumplido con los requisitos de nacionalidad, edad, formación académica y experiencia; igualmente, que no tiene ningún impedimento, incompatibilidad o inhabilidad de tipo constitucional, legal o reglamentario que no le permite desempeñarse en el puesto. 

Así mismo, que no tiene antecedentes penales ni policiales, que cuenta con el conocimiento de las labores que realiza y con las habilidades y aptitudes propias del cargo. También se verificó que ha tenido un buen desempeño y una buena conducta a lo interno de la oficina a la cual está adscrito, que asiste puntualmente a su trabajo y que, de acuerdo a las pruebas psicométrica, toxicológica, poligráfica y socioeconómica, es apto para el puesto que ostenta.

Se puntualizó que, como consecuencia de la aprobación del proceso de evaluación por parte de los servidores judiciales elegibles, la verificación de cada requisito exigido por la ley, asimismo, la  existencia de disponibilidad presupuestaria para el otorgamiento de su permanencia, lo pertinente es proceder a la emisión de los respectivos acuerdos de nombramiento, así como a su inmediata incorporación al sistema del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), y a la actual póliza colectiva de seguro de vida y médico-hospitalario para funcionarios y empleados judiciales regulares.

"Según establece el acuerdo de incorporación en los oficios de nombramiento permanente entregados este día, los mismos tienen vigencia a partir del 1 de noviembre de 2022", concluye el texto.