El documento es una contestación a la solicitud de la Fiscalía de Estados de ratificar el riguroso castigo impuesto a Hernández, según información divulgadas por medios escritos de circulación nacional.

Petición que fue formulada por la defensa legal de Hernández, encabezada por la abogada estadounidense Jesse M. Siegel, el pasado 1 de febrero.

Siegel solicitó al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, anular la condena de cadena perpetua por tráfico de drogas en contra de su representado, bajo el atgumento que los fiscales violaron las reglas federales porque cuando se ejecutó la captura de “Tony” Hernández en el aeropuerto de Miami, el 23 de noviembre de 2018, este no tuvo representante legal.

“El error de admitir la declaración del señor Hernández no fue inofensivo y, por lo tanto, la decisión del tribunal debe revisarse de nuevo”, indicó Siegel.

Tras su arresto, los fiscales preguntaron al exlegislador por el Partido Nacional si contaba con un abogado y él respondió que sí, que era Manuel Retureta; las autoridades llamaron al profesional y al no localizarlo continuaron con el interrogatorio a “Tony”.

En el documento, además, se revela que Hernández tuvo la intención de colaborar con la Fiscalía de Nueva York, tiempo atrás de su arresto. Sin embargo, la colaboración no se materializó porque los fiscales creyeron que las declaraciones de Hernández durante un acercamiento en octubre de 2016 no fueron honestas.

Hernández está ahora a la espera de que la Corte de Apelaciones emita una resolución que puede ser en que se ratifique la cadena perpetua, se repita el juicio o en su defecto que se anule la sentencia.

El juicio contra Tony Hernández se realizó en octubre de 2019 en la Corte de Nueva York donde el juez Castel lo encontró culpable de los cuatro que le imputó la Fiscalía estadounidense, entre estos: tráfico de cocaína, falso testimonio y posesión de armas de fuego.

Fue hasta el 30 de marzo de 2021 que el juez Castel dictó la sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión contra Hernández, quien cumple el castigo en el Complejo de Correccional Federal Victorville ubicado en el desierto de Mojave en Los Ángeles, California.