Grupos campesinos integrados en la Plataforma Agraria del Aguan rechazaron de forma enérgica que una de las actividades de la recién creada Comisión Agraria y de Acceso a la Tierra (CAAT) sea la de impulsar los desalojos de zonas invadidas, como también rechaza la intervención del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en estos asuntos.

Mediante un comunicado, la Plataforma expuso que, “no incorpora la voz directa de los involucrados y en nuestro caso el sector campesino que hemos recibido el impacto directo de los abusos”.

También rechazan la aplicación del actual marco jurídico para resolver la problemática. “Nos pone en alerta máxima cuando en algunos apartados trata de vincularse al sector campesino real al crimen organizado y a otras figuras delictivas”, protestaron.

No obstante, el gobierno prometió un trato diferente en el Aguán, ya que se respetará el convenio suscrito con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA). Las empresas acogidas al convenio ocupan 13 fincas de palma africana, con 28 cooperativas firmantes.

También arguyen que el nuevo Código Penal contenía, en su borrador, la obligación expresa de cumplir con esta garantía básica de acceso a la tierra hasta que la ley 93-2021 reformó el artículo 378 relativo al tipo penal de usurpación. Ante esto exigen “su inmediata derogación”.

Por último, la Plataforma rechazó nombrar ante esta comisión al señor Elías Melgar, viceministro de Defensa.