Operación Cero Privilegios: Trasladan a Támara a Mario Zelaya, Bográn y al hijo de una ministra

Operación Cero Privilegios: Trasladan a Támara a Mario Zelaya, Bográn y al hijo de una ministra


En una operación llevada a cabo este lunes por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se efectuó el traslado de aproximadamente 20 hondureños que cumplían penas en el Primer Batallón de Infantería, cerca de Tegucigalpa, hacia el Centro Penitenciario Nacional, ubicado en la aldea Támara, Francisco Morazán. 

La operación, denominada "Cero Privilegios," tenía como objetivo garantizar la igualdad de condiciones para todos los detenidos.

Entre los trasladados se encontraban personas destacadas por su participación en casos de alto perfil, incluyendo a dos individuos solicitados en extradición por delitos relacionados con narcotráfico, José Rafael Sosa y Miguel Erazo, así como los exfuncionarios policiales Josué Jeremías Rodríguez y Santos Antúnez.

Además, entre los trasladados se encontraba Isaí Campos, exfiscal del Ministerio Público procesado por el asesinato de su esposa y la fiscal Karen Almendares.

También, figuran personas vinculadas al millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como Mario Zelaya, José Bertetty y Luis Joya. Empresarios involucrados en ese escándalo de corrupción, como Óscar Guerra, John Bográn y Álex Reyes.

La lista de trasladados incluye a figuras clave en otros casos de alto perfil, como David Castillo y Sergio Rodríguez, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016. Además, José Miguel "Chepe" Handal, vinculado al tráfico de drogas, el exalcalde de Reitoca, Francisco Morazán, Manuel Meza, y el actual alcalde de Oropolí, El Paraíso, Luis Osorio, quien enfrenta cargos por violación contra una menor de edad.

Rigoberto Paredes, condenado a 22 años de prisión por el asesinato del abogado Eduardo Montes en 2015, fue trasladado y es hijo de la actual secretaria de Cultura, Anarella Vélez Osejo.

El comandante de la PMOP, Ramiro Muñoz, enfatizó que las unidades militares no deben albergar a personas privadas de libertad, conforme a la ley.

 

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