Tegucigalpa_ Acusados de robo con violencia e intimidación, allanamiento de morada, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes, ocho oficiales activos de la Policía Nacional en la Dirección Policial de Investigación DPI enfrentan cargos tras un incidente ocurrido en enero en San Pedro Sula.

Mediante un comunicado el Ministerio Público informó que la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL)  interpuso un requerimiento fiscal contra ocho oficiales activos de la Policía Nacional, asignados a la (DPI), por su presunta implicación en un caso de robo y abuso de autoridad.

Los oficiales, identificados como Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López, enfrentan cargos por asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos.

El incidente en cuestión tuvo lugar el 12 de enero del año 2024, a las 4 de la madrugada, en la colonia Monte Fresco de San Pedro Sula, Cortés. Según la investigación, los acusados llegaron a bordo de dos vehículos tipo pick-up sin placas y de forma violenta ingresaron a una vivienda, donde golpearon al dueño y lo interrogaron sobre supuestas posesiones ilegales.

Tras registrar la casa y despojar al dueño de varios objetos de valor, incluyendo dos iPhones, su cartera de documentos personales y dinero, un Apple Watch y un arma de fuego, los oficiales intentaron boicotear el sistema de cámaras de seguridad de la vivienda. Luego, llevaron al afectado a distintos lugares de San Pedro Sula, exigiéndole una suma de dinero para dejarlo en libertad.

Finalmente, los policías lo llevaron a las instalaciones de la DPI en San Pedro Sula, donde lo amenazaron con matarlo y falsificaron informes de investigación para presentarlo como miembro de una estructura criminal, incluso implantándole bolsas de droga y un arma de fuego.

El Ministerio Público ha tomado medidas  contra estos oficiales, que han sido suspendidos de sus funciones mientras se lleva a cabo el proceso judicial en su contra.