Tegucigalpa. Entre los numerosos desafíos que enfrenta la población hondureña, la extorsión se erige como uno de los problemas más graves, obstaculizando el desarrollo y la prosperidad de los ciudadanos.

Cientos de hondureños viven diariamente bajo el temor de ser víctimas de amenazas vinculadas al cobro del «impuesto de guerra,» una práctica común en los sectores comerciales y de transporte del país.  La extorsión persiste a pesar de los esfuerzos gubernamentales para erradicarla.

Los transportistas y comerciantes hondureños se encuentran en constante zozobra debido a la sombra de la extorsión. «Vivimos amenazados e intimidados, ya que en el transporte uno conduce con el riesgo de ser asesinado, como ha sucedido con muchos compañeros», expresó un operario del transporte.

Recientemente, varias rutas que operan en la capital, Tegucigalpa, han suspendido sus operaciones debido a amenazas. Informes de las autoridades indican que en lo que va del año, más de 20,000 familias han sido víctimas de extorsión, siendo muchas de ellas trabajadores del sector del transporte.

Temor a represalias

Por su parte, los  comerciantes, además de lidiar con la extorsión, han expresado su frustración por la difícil situación económica actual que ha reducido sus ingresos. Sin embargo, a pesar de la disminución de sus recursos, el temor a las represalias y la violencia los obliga a seguir pagando el denominado «impuesto de guerra» para proteger sus vidas y sus negocios.

Para algunos de estos comerciantes, la presión llega a ser tan insoportable que optan por cerrar sus negocios de manera definitiva. Incluso, algunos se ven forzados a abandonar sus hogares debido al constante peligro que enfrentan como resultado de no cumplir con las exigencias de los extorsionadores.

Guerra «fallida»  contra la extorsión

La mayoría de las denuncias de extorsión se concentran en dos municipios: el Distrito Central y San Pedro Sula. A pesar de más de 8,000 detenciones anunciadas como parte de la «guerra contra la extorsión», hasta mayo de 2023, solo se habían judicializado 86 casos de extorsión.

Un informe titulado «Extorsión Bajo la Lupa,» presentado hace unos días  por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), revela que el 76% de las víctimas de extorsión en Honduras no denuncian este delito. La persistencia de esta amenaza parece inquebrantable, en gran parte debido a los cuantiosos ingresos que obtienen las bandas criminales mediante esta actividad delictiva y a una cultura del silencio que se mantiene ante las amenazas.

A pesar de las medidas adoptadas, la extorsión continúa afectando gravemente a la sociedad hondureña y se ha convertido en  flagelo que azota la economía de varios sectores.