Días atrás, miembros de Naciones Unidas, jueces, líderes de la sociedad civil y exfuncionarios se reunieron en Guatemala para dar el último adiós a la comisión de la ONU contra la impunidad, luego de que, en 2018, el presidente Jimmy Morales puso fin a su mandato cuando su propia familia sintió el rigor de su gestión.

En el evento, que duró dos días, no hubo miembros de la élite política ni empresarial del país, lo que ha sembrado dudas sobre si el nuevo Gobierno seguirá el legado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), o su destierro permitirá un retroceso en la justicia.

Varios jueces dijeron a Reuters que sin la CICIG, una de las instituciones anticorrupción más exitosas de Latinoamérica, se les dificultará seguir adelante con unos 70 importantes procesos judiciales por amenazas en su contra, reducción de personal y falta de transferencia de capacidades desde la CICIG.

“La lucha contra la corrupción queda debilitada”, dijo a Reuters Haroldo Vásquez, juez por dos décadas y presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, un espacio donde decenas de letrados se apoyan y repelen los ataques contra su trabajo.

“La justicia y la independencia judicial no son temas que interesen a muchos en el Gobierno”, agregó el jurista que ha llevado varios casos respaldados por la CICIG.

En sus 12 años en Guatemala, la CICIG trazó una radiografía de la corrupción en el país, ayudó a fortalecer tribunales y profesionalizó el Ministerio Público. Pero los guatemaltecos la evocan por enviar a prisión a poderosos políticos y empresarios.

El caso más emblemático que develó la CICIG fue el conocido como “La línea”, una red de defraudación aduanera comandada por el entonces presidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti. La investigación, que llevó a prisión a ambos en 2015, sacudió a la clase política del país.

Siete de cada 10 entrevistados recientemente por la firma Prodatos aprueban la labor de la Comisión, pero el presidente electo, Alejandro Giammattei, ha dicho que no restituirá su mandato, que vence el 3 de septiembre, y que buscará una opción local para combatir la corrupción.

Pero muchos creen que el camino será cuesta arriba.

“Deben saber los que pretenden retornar al reino de la impunidad que el retroceso de la justicia impactará, además, negativamente en la economía y en la gobernabilidad”, aseguró la semana pasada el colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, en el evento de despedida de la comisión de la ONU.

Información cortesía de Reuters.