Tegucigalpa.- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) ha comparecido desde el pasado lunes en un juicio oral y público relacionado con el caso de lavado de activos agravado de Juan Ramón Matta Waldurraga. Este caso está vinculado a la Operación Terremoto ejecutada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en 2017, y la FESCCO busca una sentencia condenatoria.

Las investigaciones revelaron la existencia de un grupo organizado que, durante un período de tiempo, se dedicó a adquirir e invertir activos con el propósito de convertir y ocultar bienes cuya procedencia no tenía justificación económica. Estas acciones se llevaron a cabo mediante transferencias de bienes inmuebles, créditos hipotecarios, traspasos de acciones de sociedades y otros métodos.

Los acusados de lavado de dinero en este caso son: Juan Ramón Matta Waldurraga, Asdrubal Humberto Mejía Sobalvarro, Eduardo Rodríguez Bustamante, Johnny Alxis Gáleas Gáleas, Josué Natanael Borjas Guifarro, Ada Edelmira Borjas Guifarro y Raquel Tatiana Núñez Pagoada. Varias de estas personas ya han sido condenadas, y sobre muchos de los 71 bienes incautados en 2017 existen sentencias de comiso definitivas emitidas por el juzgado de privación.

En cuanto a Juan Ramón Matta Waldurraga, este ya fue condenado por un tribunal en el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por conspiración para la distribución internacional de cocaína, lo que se considera una conducta precedente. Posteriormente, fue repatriado a Colombia, su país de ciudadanía, y luego la FESCCO solicitó su extradición a Honduras.

El Ministerio Público se presenta al juicio con una serie de pruebas, incluyendo una pericia financiera con 20 insumos, una pericia de extracción y análisis de información de correos electrónicos, seis actas de allanamiento, una declaración testifical, así como medios probatorios relacionados con los antecedentes establecidos en el proceso judicial en el que fue condenado por la justicia estadounidense. La Sala II del Tribunal de Sentencia Nacional es la encargada de llevar a cabo este juicio oral y público que aborda el delito de lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras.