Tegucigalpa, Francisco Morazán. Fiscales Adscritos a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en las últimas horas tras la culminación de la audiencia de notificación de fallo con motivo del impulso procesal del expediente penal en contra del exgerente de lo que fuera el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) hoy Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) el señor Luis René Eveline Hernández y el extesorero del mismo ente, el señor Óscar Urbano Núñez Reyes, informan que las autoridades judiciales competentes impusieron la pena de inhabilitación especial por tres años a los procesados.

Como se recordará, contra los imputados se produjo una sentencia condenatoria que emana de tribunales especializados en materia de corrupción, ésta se dio luego de la culminación de la etapa de debate o juicio oral y público por el proceso penal incoado en contra de exfuncionarios de lo que en su momento fue el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y en el cual figuran como acusados Aníbal Rodríguez Umanzor quien fungió como gerente legal del ente y actualmente prófugo de la justicia, Rodolfo San Martín Bendaña quien fungió como gerente financiero y quien además ya recibió una sentencia condenatoria en esta causa penal tras la aplicación de un procedimiento abreviado, Óscar Urbano Núñez Reyes quien era tesorero general y Luis René Eveline Hernández quien se desempeñó como gerente general del SANAA, éstos últimos recibieron una sentencia condenatoria por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.

La FETCCOP durante las diferentes etapas del proceso sostuvo que hubo responsabilidad penal de estas personas afectando los recursos económicos del SANAA en virtud que las investigaciones evidenciaran entre otros aspectos que “ Analizado el proceso de asignación de fondos de caja chica del SANAA se logró determinar que el perjuicio económico causado a la administración pública a través de la emisión de 5 cheques al beneficiario, Aníbal Rodríguez Umanzor quien fungía como gerente legal y antes mencionado suman L 725,000.00 lo cual queda evidenciado con toda la documentación soporte” las autoridades fiscales sostienen que los imputados se habrían coludido y valido de su condición y funciones para aprobar y luego sacar fondos de la institución que finalmente traerían beneficios personales.