Tegucigalpa. La elección del nuevo Fiscal General y Adjunto en Honduras se ha convertido en un tema que mantiene en vilo al país y que se alarga sin esperanzas de solución pronta, ya que las negociaciones entre las fuerzas políticas parecen estar están en un punto muerto.

El proceso de elección, caracterizado por la falta de consensos y acuerdos, ha generado incertidumbre en diversos sectores sociales. La incertidumbre radica en que esta elección podría influir en el destino del sistema democrático de Honduras y en cuestiones relacionadas con la justicia, la concentración de poder y la lucha contra la pobreza.

En febrero de este año, los tres principales partidos políticos en Honduras, Libre (en el poder), Liberal y Nacional (en la oposición), suscribieron un acuerdo tripartito en el que se distribuían las elecciones de segundo grado, incluyendo la de las nuevas autoridades del Ministerio Público. Esto marcó un hito en la historia democrática de Honduras, ya que por primera vez se hacía público un pacto de tal magnitud relacionado con la democracia y sus instituciones.

El acuerdo se basaba en el principio de proporcionalidad, asignando responsabilidades de acuerdo con los resultados electorales de cada partido. También se comprometieron a impulsar reformas a la Ley del Ministerio Público. Sin embargo, estos acuerdos se rompieron, según el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien indicó que las conversaciones para elegir al nuevo fiscal general y adjunto siguen estancadas.

Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, insinuó la posibilidad de elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público por otras vías si no se logra la mayoría calificada en el Congreso, lo que generó preocupación en la oposición y sectores independientes de la sociedad.

La elección del fiscal general y su adjunto se ha convertido en un tema de alta relevancia, y las posiciones se han endurecido en medio de la incertidumbre sobre quiénes ocuparán estos cargos cruciales en el sistema de justicia de Honduras.

Mientras tanto, el fiscal general saliente, Óscar Fernando Chinchilla, ha dejado su cargo, el fiscal adjunto, Daniel Sabrían, se mantiene en funciones, enfrentando amenazas y solicitando al Parlamento que defina su continuidad en el cargo.

Por su parte,la mandataria de Honduras ha convocado marchas y sigue activando su postura en redes sociales, desconociendo la independencia de poderes del Estado. Por otro lado el presidente del CN, Luis Redondo, ha anunciado que convocarán al pleno para elegir a los fiscales en cualquier momento, sin proporcionar una fecha precisa.

Las conversaciones entre las fuerzas políticas no avanzan, y la anarquía sigue siendo una amenaza democrática para una Honduras que vive en medio de una crisis migratoria, desempleo creciente, inseguridad, pobreza y corrupción.