Tegucigalpa. El Estado de Honduras se encuentra en una encrucijada legal y económica debido a siete demandas presentadas por inversionistas, que alegan violaciones de los términos de los contratos, lo que podría tener consecuencias devastadoras para el país.

El abogado Javier Briceño, miembro del equipo junior del Consejo Internacional de Arbitraje Comercial (ICCA), expresó su inquietud por esta situación y señaló que el año pasado se presentaron cuatro casos similares en países de Centroamérica y el Caribe, mientras que en 2023, Honduras enfrenta siete demandas en su contra.

El valor total de estas demandas supera los 12 mil millones de dólares, lo que representa una carga significativa para las finanzas del país, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 fue poco más de 30 mil millones de dólares. Estas demandas equivalen aproximadamente al 40 % del PIB hondureño.

Las demandas han sido interpuestas por diversas empresas, incluyendo Inversiones y Desarrollos Energéticos, S.A., Juan Carlos Arguello & Ernesto Arguello, Norfund and KLP Norfund Investments AS, Scatec ASA, Autopistas del Atlántico, S.A. de C. V., JLL Capital S.A.P.I. de C.V. y Honduras Próspera Inc., según datos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Además de las siete demandas en curso, se ha revelado que existen tres demandas adicionales que podrían presentarse en los próximos meses, según Briceño.

Una de las demandas más destacadas es la presentada por Honduras Próspera, que busca una compensación cercana a los 11 mil millones de dólares, aproximadamente dos tercios del presupuesto anual del país. Esta es la demanda más cuantiosa de todas las presentadas ante el CIADI.

En medio de esta crisis legal y financiera, el Estado hondureño bajo la Administración Xiomara Castro ha amenazado con retirarse del CIADI debido a la disputa con  Honduras Próspera y la falta de reconocimiento hacia la jurisdicción del centro de arbitraje. Argumentan que la CIADI ha violado la ley y los procedimientos en este caso.

Hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha comparecido en ninguno de los siete litigios. El Congreso Nacional derogó la Ley de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) de 2013, que permitía a Honduras Próspera y otras iniciativas establecer ciudades chárter con su propia jurisdicción en el territorio hondureño, pero la ratificación constitucional de esta derogatoria aún está pendiente.