Tegucigalpa. Silvio Larios, Gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), abordó la propuesta de aumento al peaje por parte de la Concesionaria Vial de Honduras (COVI), instando a un acuerdo equitativo entre COVI y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Larios expresó en una entrevista a Radio Globo, su preocupación ante el posible impacto del aumento en la canasta básica, señalando que cualquier incremento en el peaje se traducirá directamente en mayores costos para los consumidores finales.

Además, destacó la importancia de mantener la seguridad jurídica para atraer inversores extranjeros, subrayando que el respeto a los contratos ya firmados es esencial para enviar un mensaje positivo a la comunidad internacional.

Larios indicó que esta situación no favorece la imagen del país como destino para inversiones. Instó a seguir el debido proceso y a evitar decisiones impulsivas que puedan perjudicar la estabilidad jurídica.

«Hay que tener mucho más cuidado, nuestros políticos se caracterizan por hacer promesas de manera arrebatada, que sí podrían llamarse populistas, pero ahí está ese contrato que aunque fue firmado por el otro gobierno u otro partido, se debe cumplir y no se puede quitar por puro capricho, ya que sería un claro mensaje para los inversionistas extranjeros que en Honduras no se respetan las leyes y eso va en perjuicio de nuestro país», añadió.

Al referirse a la alianza público-privada, Larios señaló que, a nivel global, este modelo de negocio ha funcionado efectivamente. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de abordar las deficiencias internas que han afectado la transparencia y el cumplimiento de criterios establecidos en leyes, instando a un enfoque más cuidadoso y transparente en futuras negociaciones.

Cabe mencionar que  la Concesionaria Vial (COVI-Honduras) ha planificado un aumento del 22% en el peaje de la carretera CA-5 entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. El Ministro de la SIT, Octavio Pineda, ha expresado la disposición del gobierno para negociar y evitar el aumento.

Por su parte, COVI argumenta que la revisión anual está estipulada en el contrato y que la falta de ajustes desde 2020 ha ocasionado pérdidas significativas. Sin embargo, el sector del transporte no descarta movilizaciones ante el posible aumento, destacando los impactos directos en los costos operativos, especialmente para el equipo pesado.