La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) ha instado al Congreso Nacional de Honduras a garantizar la transparencia y realizar una revisión meticulosa de los contratos energéticos próximos a discutirse, en un esfuerzo por abordar la crisis en el subsector eléctrico del país.

Según la ASJ, la crisis en el subsector eléctrico hondureño ha drenado las finanzas del Estado durante años, desviando recursos esenciales que podrían haberse invertido en áreas c como salud, educación y seguridad, privando así a la ciudadanía hondureña de beneficios fundamentales.

La asociación,en su  capítulo hondureño de Transparencia Internacional, lleva más de una década exponiendo las irregularidades en los contratos de generación de energía, que, según afirman, benefician a un grupo privilegiado y perjudican gravemente a la población más vulnerable de Honduras.

En su comunicado reciente, ASJ expresó su preocupación por la falta de transparencia en los contratos energéticos que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha enviado al Congreso Nacional. Según ASJ, estos contratos carecen de la transparencia necesaria para su aprobación.

ASJ también señaló que, de acuerdo con el Decreto 046-2022 de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica, la ENE tenía un plazo de 60 días hábiles para renegociar contratos en operación comercial, plazo que expiró en agosto de 2022.

Hasta la fecha, los cambios, modificaciones y adendas a estos contratos no han sido revelados ni enviados al Congreso Nacional.

Asimismo, ASJ destacó que el artículo 9 del mismo decreto establece plazos específicos y definitivos para que la ENE ejecute la depuración y rescisión de contratos aún no operativos, pero hasta la fecha, la ENE no ha divulgado detalles sobre el progreso de este proceso ni el estado actual de los aproximadamente 90 contratos que requerían depuración.

En este contexto, ASJ hizo un llamado a las autoridades para que se adhieran estrictamente a lo establecido en el Decreto 046-2022 y eviten reactivar contratos que han estado inactivos durante más de una década, lo cual, según la asociación, ha agravado el déficit energético y causado severos daños al país.

En particular, ASJ mencionó el contrato de la nueva planta Brassavola, propiedad de la empresa CECHSA, como un punto de atención, exigiendo transparencia en las condiciones contractuales bajo las cuales opera esta planta.

Finalmente, ASJ instó a los diputados del Congreso Nacional a analizar meticulosamente y debatir públicamente cada uno de los contratos renegociados, asegurándose de transmitir estos debates en vivo, y a no aprobar contratos que no estén en un estricto apego a la ley y resulten lesivos para las finanzas de la estatal eléctrica y el bolsillo del pueblo hondureño.