Esto al señalar que la guerra antipandillas en Honduras ataca solo una fuente de violencia, ignorando otros actores como las organizaciones de narcotraficantes y redes de corrupción.

En su estudio pone como ejemplo algunos casos entre estos detalla que en los días entre el motín carcelario y la masacre en el billar se presentó el asesinato selectivo de una posible testigo en una investigación de alto perfil por narcotráfico.

Asimismo, expone el análisis que el 22 de junio, hombres con uniformes de la policía acribillaron a Ericka Julissa Bandy García, esposa de un presunto narcotraficante señalado de haber trabajado con el expresidente Juan Orlando Hernández, quien actualmente responde por cargos de tráfico de narcóticos en Estados Unidos.

“[En Honduras] los carteles de la droga juegan un papel fundamental en el control territorial, en el control de otros crímenes y en la política misma del país”, señaló. “así que es totalmente simplista copiar la propaganda bukelista [del presidente salvadoreño Nayib Bukele] de la 'mano dura' o 'guerra' contra las pandillas cuando en Honduras las estructuras criminales son más complejas y diversas”.

Lo anterior porque relaciona la similitud de la política antiviolencia de Honduras con la aplicada en el salvador, de la que quiérase o no, nadie puede negar los resultados.

Por lo tanto, advierte, que la imitación de este modelo por parte del gobierno de Honduras conlleva las mismas fallas. Así que aun cuando un redoblamiento de las medidas de seguridad produzca efectos inmediatos, los efectos a largo plazo pueden resultar limitados.

La fundación InSight Crime, dedicada al estudio y la investigación sobre la seguridad en América Latina y el Caribe, reitera que el gobierno de Honduras ha intensificado su campaña contra las pandillas tras los recientes estallidos de violencia criminal, pero su respuesta limitada pasa por alto las variadas dinámicas de crimen organizado en juego.

Además, la investigación refiere que la Presidente Xiomara Castro, anunció nuevas medidas de seguridad el 22 y el 25 de junio, con las que se reafirma el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, cuyo objetivo es frenar la violencia y la extorsión perpetradas por las pandillas en Honduras.