El periodista considera que la reacción de Roosevelt Hernández busca silenciar el escándalo de la logística fallida y centrar la discusión en la presunta infracción cometida. 

Tegucigalpa. «Si hubiese querido, me llevaba la urna; imagínense, estaría en Támara”, dispara de entrada el periodista Carlos Posadas, de “Q’Hubo TV”, al referirse a las amenazas de denuncia que profirió en su contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), Roosevelt Hernández. En su testimonio, Posadas asegura que su única intención el día de las elecciones primarias fue mostrar el desorden y la falta de seguridad con que se trasladaban las maletas electorales en un bus de transporte rápido.

Las declaraciones del periodista en el programa En la Mira obedecen a la advertencia de presentar cargos en su contra por tomar una maleta electoral de un bus de transporte rápido durante la jornada de elecciones primarias, anunciada ayer por el alto jerarca militar.

Comenzó relatando que recibió un mensaje donde le informaron sobre la situación atípica con el traslado de las urnas “me mandaron un mensaje alertándome de que había ‘rapiditos’ llenos de urnas sin ningún resguardo militar. Yo solo subí para evidenciar la situación: las puertas estaban abiertas, cualquiera podía llevarse una de esas maletas. Tomé una para mostrarlo en vivo, y ahora me acusan de generar caos. La verdadera pregunta es por qué no había seguridad en un tema tan sensible como la custodia electoral”, explica el periodista.

“Estan chimados”

Carlos Posadas, al responder a las amenazas, aclaró que su única intención era evidenciar la falta de seguridad con que se transportaban las urnas:

“Si hubiesen andado militares, no me hubieran dejado ni acercarme. Lo que hice fue demostrar en qué transporte iban las urnas y, al ver que no había ningún resguardo, agarré una como ejemplo para mostrar que cualquiera podía hacerlo. Estaba transmitiendo en vivo y dije: ‘Aquí me llevo la urna si quiero’. Si hubiera querido, me la robaba, porque no había vigilancia”.

Posadas añade que, al bajar cerca de la Universidad Pedagógica, el bus arrancó con las puertas abiertas y sin presencia de agentes, un signo de desorden total. El periodista cuestiona que, en lugar de investigar por qué la logística electoral era tan deficiente, las Fuerzas Armadas “se enfoquen en buscar culpables” entre quienes exponen los errores. “Más bien –afirma– les chima, les molesta que uno diga la verdad, por eso se enojan”.

“Un desvío de la atención”

La denuncia de Hernández contra Posadas levanta suspicacias sobre si se intenta intimidar a los medios que sacan a la luz las falencias de la jornada electoral. En sus declaraciones, Posadas señaló que esto podría ser un intento de “distraer a la opinión pública” de otros problemas:

“Hay peores cosas que resolver. Yo solo mostré la falta de seguridad. Imagínense que me hubiera llevado la urna, estaría en Támara (cárcel). Pero no quieren reconocer los fallos, sino echarle la culpa a quien los revela. ¿Por qué no se concentran en investigar delitos electorales en lugar de intentar callar a la prensa?”.

Además, el periodista expresó temor por posibles represalias: “Hay que andar con cuidado, podrían mandar a desaparecer a cualquiera o hasta poner evidencia falsa. Ahora uno tiene que cuidarse más del Estado que de los delincuentes”.

Falencias electorales bajo la lupa

La jornada del 9M dejó al descubierto varios hechos insólitos: retrasos de hasta 12 horas, urnas presuntamente mal clasificadas, buses que se movilizaban sin escolta y recintos no oficiales donde se acumulaban maletas. Observadores y ciudadanos también criticaron la supuesta tardanza de los militares a la hora de resguardar los centros de votación. Ante esto, la postura de las Fuerzas Armadas de acusar a un periodista de un presunto delito, despierta inquietud sobre el grado de responsabilidad que asume la institución en el cuestionado manejo del material electoral.

Para Posadas, la reacción de Hernández busca silenciar el escándalo de la logística fallida y centrar la discusión en la presunta infracción cometida por el comunicador. “No he cometido delito electoral; informar no es un crimen. Al final, se molestan porque uno ‘desnuda’ lo que sucede. Están queriendo tapar el sol con un dedo”, insistió el reportero de “Q’Hubo TV”.

Preocupación por la libertad de expresión

Organizaciones de prensa y sociedad civil han manifestado su alarma ante la posibilidad de que las FFAA busquen procesar penalmente a un periodista por hacer su trabajo, considerando que, en democracia, la labor de informar sobre anomalías públicas no debe ser criminalizada. Por ahora, el caso se mantiene en un limbo jurídico: no hay denuncia formal, pero persiste la advertencia del alto mando militar.

Mientras tanto, la ciudadanía exige explicaciones sobre la raíz de los desórdenes e irregularidades del 9M. Según voces críticas, el verdadero “caos” radica en la falta de planificación y control de las autoridades, no en el periodista que puso al descubierto un posible riesgo de manipulación de votos. Con ello, la pugna se traslada a la arena de la opinión pública, donde muchos se preguntan si el anuncio de la denuncia no es, en realidad, un intento más de desviar la atención de un proceso electoral que ya venía manchado por la desconfianza y la improvisación.