El abogado Carlos Chajtur expresó su preocupación ante la demora en la resolución del habeas corpus presentado hace un mes en favor de 18 individuos trasladados desde el Primer Batallón a la Penitenciaría Nacional de Támara. Este movimiento se llevó a cabo en el marco de la operación "Cero Tolerancia", vinculada a casos sensibles como el desfalco al Seguro Social y las investigaciones de Invest-H, entre otros.

"Estamos a la espera de una resolución que garantice la seguridad y los derechos de quienes fueron trasladados. Nuestro objetivo principal es que estas personas retornen al Primer Batallón en Tegucigalpa", afirmó Chajtur, enfatizando la necesidad de corregir posibles abusos y violaciones de los derechos humanos detectados en centros penitenciarios.

Los defensores esperan que los magistrados analicen detenidamente el habeas corpus, con el propósito de evaluar la situación de estos individuos privados de libertad, a quienes ellos mismos han constatado.

Entre los trasladados se encuentran figuras prominentes como Mario Zelaya y José Berttety, relacionados con el caso del Seguro Social, así como Marco Bográn, involucrado en el caso Inves-H, entre otros.

Inicialmente ubicados en instalaciones militares, estos individuos estaban cumpliendo condena o enfrentando procesos judiciales. Sin embargo, en octubre pasado fueron reubicados en la principal cárcel de Honduras bajo la premisa gubernamental de que, estando en los batallones, disfrutaban de privilegios injustificados.

Chajtur enfatizó la necesidad imperante de garantizar la seguridad en estos centros penales, especialmente para aquellos involucrados en casos mediáticos o con potencial extradición. "Son personas expuestas, algunos de ellos solicitados en extradición, y existen intereses que podrían buscar evitar su traslado a Estados Unidos. Lo mismo ocurre con aquellos implicados en casos mediáticos como el del Seguro Social o Invest-H. Donde haya figuras influyentes, el riesgo será constante", advirtió.

El habeas corpus presentado busca asegurar el retorno de estos individuos a un entorno donde su seguridad no esté comprometida, evitando cualquier acción que ponga en peligro su integridad física o sus vidas.

Chajtur también hizo mención de la preocupante realidad dentro de los penales, indicando que no solo operan dos organizaciones criminales, sino cuatro, incluyendo dos conformadas por miembros uniformados de la Policía y las Fuerzas Armadas, quienes, según él, deshonran el uniforme al utilizarlo para cometer actos delictivos.

"Aunque no toda la Policía o las Fuerzas Armadas se ven afectadas, la presencia de individuos que empañan la labor de estas entidades de seguridad es alarmante. El caso del Coronel de La Tolva es un claro ejemplo de esto. Si esto ocurre en un centro penal, ¿qué podemos esperar de individuos susceptibles a la influencia criminal?", cuestionó el abogado.

Chajtur recordó una denuncia previa sobre el peligro de muerte para Magdaleno Meza en el centro penal de Ilama, alertando que una organización criminal podría atentar contra su vida. "Dije qué esa muerte les iba a otorgar privilegios a esta agrupación criminal y todo sucedió tal como yo lo denuncié", concluyó Chajtur. Con información de Tunota.com