La elección del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto en Honduras ha sido el foco de atención en la búsqueda de un sistema de justicia eficaz en el país centroamericano. En una declaración, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, subrayó la importancia de este proceso para el pueblo hondureño. "Sin un Ministerio Público trabajando, no puede existir justicia real", enfatizó Dogu en una conferencia de prensa el pasado lunes.

La diplomática estadounidense también destacó la necesidad de un diálogo constructivo entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional de Honduras para seleccionar a las autoridades que liderarán la Fiscalía General de la República durante el período 2023-2028.
Subrayó que, aunque es natural que surjan debates políticos en torno a estas elecciones, lo primordial es elegir a candidatos altamente calificados y aptos para el cargo.

"Confío en que los partidos políticos encontrarán el espacio necesario para dialogar y seleccionar a candidatos que beneficien a todo el país", agregó la embajadora, enfocándose en la importancia de poner el interés nacional por encima de las diferencias partidistas.

A pesar de los dos intentos fallidos realizados entre el 29 y el 31 de agosto, el Congreso Nacional aún no ha logrado consensos para designar a los fiscales general y adjunto del Ministerio Público. La situación se ha vuelto polarizada, con el partido Libre, en el poder, afirmando que están avanzando en las conversaciones para la elección, mientras que la oposición niega tales avances.

El Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una moción nominativa que propone a Johel Antonio Zelaya como Fiscal General y a Marcio Cabañas como Fiscal General Adjunto, obteniendo 52 votos de los 86 necesarios para la designación.

Por otro lado, el Partido Salvador de Honduras (PSH) ha nominado a Marcio Cabañas y Jenny Gabriela Almendares como fiscales general y adjunto, respectivamente, consiguiendo 74 votos, con el apoyo del Partido Liberal y el Partido Nacional.

La oposición política ha señalado que Libre parece resistirse a dialogar para alcanzar acuerdos que permitan seleccionar a las nuevas autoridades del ente acusador del Estado hondureño, proceso que requiere el respaldo de 86 de los 128 diputados del Parlamento.

A pesar de la falta de acuerdo en el Congreso, el Ministerio Público continúa funcionando con normalidad tras la destitución de los fiscales generales Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián el pasado 31 de agosto, según el portavoz institucional Yuri Mora.