Tegucigalpa. El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía ha expresado su preocupación por la falta de separación entre las funciones judiciales y administrativas en el poder Judicial, señalando que esta situación ha persistido durante mucho tiempo.

«Desafortunadamente hay que recordar que pese a que se le hizo una reforma a la Constitución para que se incluyera la creación de un consejo de judicatura y de la carrera judicial, desafortunadamente se creó ese consejo, se nombraron las personas pero se nombraron violentando la propia constitución y la propia Ley», afirmó Mejía.

El defensor de derechos humanos recordó que la Sala Constitucional anterior declaró la ley que creaba ese consejo como inconstitucional, y que en lugar de cumplir con su deber de garantizar la estabilidad laboral, «lo que se hizo fue una repartición de cargos y se metió gente de dedo al Poder Judicial».

Mejía subrayó la importancia de que la Corte Suprema de Justicia se dedique exclusivamente a la función judicial y de que el Consejo de la Carrera Judicial se encargue de los aspectos administrativos relacionados con el personal del poder Judicial.

Para Mejía, esta situación no representa una nueva crisis, sino una manifestación de una crisis permanente en la institucionalidad pública del país. Asimismo, destacó que todas las instituciones del Estado están condicionadas por la Constitución y las leyes, y cada una debe cumplir con sus propios reglamentos.

En cuanto a las recientes rotaciones anunciadas en el poder Judicial, Mejía planteó interrogantes éticos sobre su conformidad con las reformas realizadas el año pasado.

«Una cosa es que uno pueda decir éticamente es cuestionable que lo hayan reformado», comentó, sugiriendo que es necesario evaluar si estas reformas.