La Comisión Especial que dictamina el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, inició la jornada de socialización y audiencias públicas con el Centro de Estudio Para la Democracia (CESPAD) con el objetivo de dar a conocer el proyecto de ley e intercambiar opiniones y aportes de todos los sectores.

La congresista Silvia Ayala, explicó que CESPAD entregó una opinión, análisis, y sugerencias acerca de la Ley de Justicia Tributaria.

“La Comisión Especial las recibió y que tendrá en consideración al momento de hacer el análisis de todo lo que se va a recabar en todo este proceso de audiencias públicas”, agregó.

El director de la CESPAD, Gustavo Irías, expresó que “Hemos comenzado por valorar e identificar las fracturas que el mercado laboral y las fracturas sociales en el cual se desarrolla esta iniciativa de ley y hemos identificado que en una población de 4 millones de habitantes, y hay 2,6 millones que no poseen empleo”.

También hemos visto que los incentivos -continuó diciendo- y nos vamos a enfocar en este caso en la maquila, durante estos 30 años han mantenido un aporte de 130 mil empleos por año, vemos que su aporte es importante, pero no es suficiente por lo que requiere el país en cantidad y calidad.

“Han sido 20 años de mantener en 63 % a la población bajo la línea de la pobreza, especialmente en las zonas rurales, y debe haber el cambio de una política de promoción, de inversión desde el Estado se vuelve más que necesaria para generar empleo suficiente”, expuso.

Irías reveló que respaldan en puntos específicos la iniciativa de ley que busca darle prioridad de apoyar la producción nacional para mercado interno.

“Tenemos la expectativa que este cambio de enfoque pueda generar mayores oportunidades a un mayor número de población y que por esa ruta finalmente vayamos abatiendo la pobreza y reduciendo la desigualdad, creando más oportunidades”, dijo.

Para Irías es relevante que el Estado se proyecte para que tenga un rol más protagónico en la economía, asumiendo inversiones estratégicas en campos clave como educación, salud, infraestructura y otros ámbitos.

“Esperamos que esta nueva ley pueda convertirse en una inversión pública que contribuya al desarrollo”, concluyó. Fuente: Proceso Digital