Tegucigalpa.  La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ha obtenido el auto de formal procesamiento contra Iris María Sarmiento Ferreira, exasistente de la gerencia técnica del Fondo Vial, siendo la primera imputada en comparecer ante los tribunales en relación al caso Narcopolítica II.

Esta nueva fase judicializada de Narcopolítica, presentada el 13 de septiembre de 2023, acusa a 12 personas de participar en un esquema que facilitó el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas internacional mediante obras contratadas con el Estado hondureño, muchas de las cuales no se ejecutaron.

En la fase anterior, los acusados incluían al exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Miguel Rodrigo Pastor, así como a exfuncionarios y coimputados vinculados a la narcoactividad en Estados Unidos.

Tanto en Narcopolítica I como en esta segunda etapa, las imputaciones se centran en contratos otorgados a la empresa INRIMAR, destinados aparentemente a obras en Olancho, Colón y Yoro. Se ha confirmado que se favoreció a INRIMAR con 21 contratos por más de 68 millones de lempiras en la primera fase y, en esta etapa, se registraron 10 contratos adicionales por más de 50 millones de lempiras.

Estos contratos fueron adjudicados a INRIMAR sin cumplir con los requisitos legales para contratar con el Estado durante la gestión del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Se utilizaron tácticas como el fraccionamiento de obras y decretos de emergencia por tormentas tropicales para facilitar la asignación de contratos.

La mayoría de las obras asignadas no se llevaron a cabo, falsamente reportadas como concluidas, y las ejecutadas fueron sobrevaloradas. El propósito subyacente de estos contratos era presuntamente legitimar a la empresa INRIMAR, facilitando el lavado de dinero derivado del narcotráfico a través de instituciones gubernamentales.