Tegucigalpa. En medio de un contexto marcado por la vigencia de un estado de excepción en Honduras desde diciembre de 2022, un preocupante panorama de desplazamiento forzado continúa afectando a la población.

Según la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Elsy Reyes, las amenazas, extorsiones, homicidios y despojo de bienes figuran entre las principales causas que generan este fenómeno.

Reyes afirmó que, según las quejas atendidas por el Conadeh, el desplazamiento forzado ha experimentado un preocupante crecimiento durante el primer trimestre de 2024. En particular, los comerciantes se han convertido en uno de los sectores más afectados, enfrentando amenazas, extorsiones e incluso intentos de homicidio que los obligan a abandonar sus negocios y propiedades.

La extorsión se ha destacado como uno de los principales flagelos, especialmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, concentrándose en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, según señaló Reyes.

Desde la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh (UDFI), se identificaron más de 8,200 casos relacionados con el desplazamiento forzado entre 2016 y 2023, con un creciente número de personas en riesgo. Tan solo en 2023, cerca de 1,700 personas denunciaron estar en riesgo de desplazamiento forzado.

Las maras y pandillas han sido identificadas como los principales agresores en el 30.6% de las quejas relacionadas con desplazamientos forzados, mientras que en el 27.8% de los casos, las víctimas señalaron a familiares, vecinos y empleadores como agresores.

El estado de excepción, implementado para hacer frente a la delincuencia, no ha logrado disminuir la violencia ni detener el desplazamiento forzado, lo que refleja una situación preocupante en el país.