La encargada de intervenir el sistema penitenciario en Honduras, la doctora Julissa Villanueva, dio a conocer este martes el plan de gobierno a implementar tras una serie de reyertas el pasado 8 de abrilque dejaron siete heridos y un muerto.

La funcionaria en el marco del plan de intervención de Solución Contra el Crimen (SCC) dio a conocer este mediodía en una presentación ante los medios al menos 10 puntos de solución.

En una comparecencia pública, acompañada de Lorenzo Sauceda, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Villanueva precisó que la primera disposición será un «desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el 100 % de las instalaciones físicas».

La segunda, un «bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas».

El propósito es poner fin al crimen organizado que impera en la comunidad carcelaria y, de ser necesario, se copiarán modelos de otros países, con el cuidado de respetar los derechos humanos, que es una filosofía del gobierno de la presidenta Castro.

Una tercera determinación se contrae a la «remoción y depuración del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles, iniciando con una evaluación profesional y exhaustiva inmediata a los directores de los recintos penitenciarios, iniciando con Támara, La Tolva, El Pozo y El Porvenir».

Además, «instalación de emergencia y desarrollo de tecnología, sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica, con control central

las 24 horas del día»

La quinta medida consiste en: «traslados y reubicación de los privados de libertad de los cuatro centros penitenciarios con mayor concentración, considerando la gravedad de los crímenes acusados y el estado del proceso (sentenciados y no sentenciados)».

La reubicación de los privados de libertad se hará, en una primera etapa, en Támara (Francisco Morazán); El Pozo (llama, Santa Bárbara); La Tolva (Moroceli, El Paraíso) y Siria (El Porvenir, Francisco Morazán).

Paralelamente, se impulsará una reclasificación y aislamiento de los reclusos vinculados a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y armas.

«Revisar los expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación u otras condiciones y evaluar la situación jurídica para el otorgamiento de un indulto en casos menores», dice la medida número siete.

Igualmente, «evaluar y practicar pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que integra las cárceles» y «aumentar el número de los agentes penitenciarios y policiales, dotarles de equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y la revisión y ajuste salarial».

Todas estas disposiciones seran aplicadas en los 26 establecimientos carcelarios que hay en el país donde están recluidos 19,966 privados de libertad, entre ellos mil 100 menores de edad.

«La recuperación de la gobernanza y la gestión por parte de los grupos criminales es lo primero que tenemos que hacer», dijo Villanueva.

Amplió que también se creará un banco de datos de los privados de libertad para asegurar el registro de su identidad

El problema en el sistema penitenciario «lo vamos a manejar de acuerdo con el apoyo y el acompañamiento de expertos internacionales con estándares internacionales de temas que ya se han superado en otros países», añadió.

Destacó que se emularán «modelos y cosas que son buenas y las ajustaremos a nuestra realidad».

Por su parte, Lorenzo Sauceda, comisionado presidente de Conatel, dijo que la institución será implacable con las compañías de telefonía móvil que deberán evidenciar que «son empresas socialmente responsables» en la restricción de las comunicaciones en los centros penales.

«Si no cumplen van a recibir el castigo que nunca han experimentado», advirtió.