En un fallo unánime emitido hoy, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción encontró culpables a exfuncionarios del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
El tribunal, compuesto por expertos en casos de corrupción, declaró la responsabilidad penal de Ashley Waldemar Portillo Cristales por el delito de Malversación de Caudales Públicos, así como a Brenda Salgado Baca y Wilfredo Alberto López Fúnez por Violación de los Deberes de los Funcionarios.

En su resolución, el tribunal absolvió de responsabilidad penal, debido a la prescripción de la acción penal, a Miguel Ángel Ponce Larios, Ingrid Janeth Ponce Larios y Bertha Lidia Larios, quienes enfrentaban acusaciones por cómplice en perjuicio de la Administración Pública relacionadas con la Malversación de Caudales Públicos.

También se declaró absueltos de responsabilidad penal a Brenda Salgado Baca y Wilfredo Alberto López Fúnez, quienes enfrentaban acusaciones de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública.

Los jueces establecieron como hechos probados en el juicio que Ashley Portillo Cristales, aprovechando su vínculo y la confianza depositada en él por parte de Brenda Salgado y Wilfredo López, obtuvo acceso a los usuarios y contraseñas del sistema SIAFI de ambos, lo que le permitió llevar a cabo de forma unilateral los tres pasos necesarios en el sistema SIAFI: verificación, aprobación y firma de formularios F01. Esto posibilitó que gestionara varios pagos a favor de Miguel Ángel Ponce Larios, Ingrid Ponce Larios, Bertha Lidia Larios (madre de los hermanos Ponce Larios) y Claudia Brito, quienes colaboraron con Portillo debido a su relación de amistad y proporcionaron su información personal y bancaria para recibir fondos del FHIS.

Como resultado de estas operaciones, los jueces explicaron que el FHIS desembolsó un total de L.233,669.40 sin contar con los respaldos legales necesarios, ya que las personas mencionadas no prestaron ningún servicio a la institución ni suministraron ningún bien.

En relación con el plazo de prescripción, el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción señaló que este es de 5 años. Dado que los hechos ocurrieron entre marzo y octubre de 2009, y el requerimiento fiscal se presentó el 29 de julio de 2019, es evidente que, a pesar de la responsabilidad penal en los hechos objeto de juzgamiento, las acciones emprendidas por el ente acusador ya estaban prescritas, lo que impide imponer cualquier pena en este caso.

La Audiencia de Individualización de la Pena Concreta se ha programado para el 22 de septiembre de 2023, a las 9:00 de la mañana, donde se determinará la sentencia definitiva para los culpables en este importante caso de corrupción en Honduras.