Más de una voz ha lanzado esta advertencia, ahora es el abogado Kenneth Madrid, integrante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Pero no es por la resolución que pueda dar la Corte Suprema de Justicia a los recursos interpuestos por los ahora ex aspirantes, Mario Urquía y Luis Javier Santos, no.

Más bien porque no percibe disposición para la selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (2023-2028), tras la entrega de la nómina final de los cinco candidatos por parte de la Junta Proponente al Legislativo.

¿Qué abona ese prejuicio? La ausencia de acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios, la declaración de insurrección del Partido Nacional durante la sesión del Congreso Nacional, el día anterior, y el hecho de que en esta ocasión se estén disputando dos puestos: de Fiscal General y Fiscal General Adjunto, en lugar de los tres que suelen negociarse entre el tripartidismo (Libre, Liberal y Nacional), expuso Madrid.

Y agregó. "No creo que vaya a haber elección, lamentablemente hay que decirlo así, porque el principio de legalidad debe cumplirse, esperemos que los diputados lo logren, pero, por los vientos que soplan no habrá elección".

El analista prevé que los partidos políticos aguardan una reforma que eleve al director de fiscales al rango constitucional, permitiendo así la elección de tres cargos que puedan ser objeto de negociación tanto entre el oficialismo, representado por Libertad y Refundación (Libre), como entre los partidos de oposición, el Partido Nacional y el Partido Liberal. No obstante, esto tampoco garantizaría una elección en tiempo y forma.

"Siento que no van a llegar a una elección al 1 de septiembre, van a continuar, en base al artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, las actuales autoridades del Ministerio Público y va a permitir que en esos meses haya una reforma constitucional para agregar un fiscal general adjunto adicional", explicó.