El Congreso Nacional aprobó, con la dispensa de un debate, una reforma a la Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) que ratifica su independencia frente al gobierno, al trasladar sus asuntos o litigios legales de la égida de lo contencioso administrativo a la instancia civil y laboral.

En su ley orgánica, el Instituto de Previsión Social del Periodista establece que su estatus legal es el de un organismo “gremial, no estatal y sin fines de lucro”, por consiguiente, no puede estar sujeto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde se ventilan todos los conflictos legales concernientes a las instituciones de la administración pública o del Estado.

En lo sucesivo y con base a lo anterior, los asuntos o conflictos legales relacionados con el IPP se dirimirán y resolverán en los juzgados de lo civil y laboral, que es donde el Instituto debe resolver estos asuntos por cuanto es un organismo independiente del estado.

Con esta decisión del Congreso ratificó la independencia del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y su Instituto de Previsión por tratarse de un gremio que defiende la libertad de expresión y de prensa, tal como lo planteó en el año 2,000 el relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) lamentó la posición que en la votación tomó la bancada del Partido Libre porque la reforma lo que busca es dar mayor independencia al CPH y al IPP, manifestó.

"Yo lamento que Libre se haya opuesto a esta reforma, porque yo entiendo que es un partido progresista, que difiende la libertad de expresión, sin embargo hoy dejó claro que es un enemigo de los periodistas, de la libertad de expresión y eso lo lamentamos", expresó Rodríguez.

No obstante, agradeció al Congreso y los diputados que votaron a favor de la iniciativa, porque esto viene a empoderar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico sin ningún tipo de injerencia del Estado, que hasta ahora consideraba a sus directivos como funcionarios públicos, lo cual es una aberración.