Aunque lo justo hubiese sido, que también estuvieran pendientes que sus ciudadanos no profundizaran en actos de dolo, en contubernio con autoridades sin escrúpulos, si en verdad lo que se busca es el bien común.

Como sea, lo que trasciende es que 16 congresistas y un senador estadounidense enviaron un documento oficial al secretario de estado, Antony Blinken, y a la representante comercial, Katherine Tai, en el que muestran su preocupación por el "riesgo creciente de inestabilidad en la región".

Les escribimos en relación con nuestra preocupación por los recientes acontecimientos en Honduras que plantean un riesgo creciente de inestabilidad en la región. En concreto, les pedimos que protejan los intereses y las inversiones estadounidenses de la expropiación en Honduras. Es fundamental defender y hacer cumplir el Estado de Derecho, tal y como exige el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR), incluyendo a través de las protecciones a los inversionistas en los tratados como el proceso de Solución de Controversias entre Inversores y
Estados (ISDS, por sus siglas en inglés).

Nuestras preocupaciones se derivan de las recientes acciones de la presidenta hondureña Xiomara Castro de tomar decisiones políticas que efectivamente nacionalizan la inversión estadounidense en el país. La administración de la presidenta Castro ha tomado medidas para eliminar las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDEs) hondureñas, amenazando las inversiones estadounidenses y violando la garantía de estabilidad jurídica de 50 años bajo el CAFTA-DR. Un ejemplo son las acciones dirigidas directamente a las considerables inversiones realizadas por Honduras Próspera, una empresa estadounidense. Permitir una expropiación injusta no sólo viola principios jurídicos de larga data en el corto plazo, sino que también es probable que frene cualquier otra inversión empresarial estadounidense en Honduras. De hecho, como el mundo está observando, la falta de protección de los intereses de EE.UU. en este caso puede envalentonar a otras entidades extranjeras a atacar las inversiones estadounidenses.

Socavar la inversión del sector privado estadounidense tendrá efectos negativos significativos y duraderos para el pueblo hondureño. En los últimos años, Honduras se ha enfrentado tanto a la destrucción causada por los huracanes Eta e lota, de categoría 4, asi como al impacto de la pandemia del COVID-19. Mientras los hondureños trabajan en la reconstrucción de sus hogares, asegurar una inversión estadounidense estable permitirá a los hondureños contar con un entorno de trabajo justo que ofrezca buenas oportunidades económicas, educativas, sanitarias, laborales y de vivienda. Mejores oportunidades en Honduras ayudan a reducir las presiones que llevan a los ciudadanos a la migración irregular.

La inversión sostenida de EE.UU. en Honduras es de gran interés para nuestra seguridad nacional. Tras romper la alianza de Honduras con Taiwán y establecer lazos diplomáticos con China, la presidenta Castro viajó recientemente a China para reunirse con el Presidente Xi Jimping «para planificar conjuntamente el desarrollo futuro» e inaugurar la embajada de Honduras en Beijing. La promesa de la inversión china es tanto una poderosa motivación para el Presidente Castro como una creciente preocupación para la estabilidad global en la región. Preservar y fomentar la inversión y el compromiso de Estados Unidos en Honduras es fundamental para nuestra seguridad nacional.

Las protecciones a los inversionistas estadounidenses en este caso promueven nuestros valores compartidos. Próspera está trayendo desarrollo, inversión, empleo y seguridad a Honduras sin coste alguno para los trabajadores o consumidores estadounidenses. De hecho, las empresas están tratando de trasladarse a Próspera desde China y otros lugares más distantes. Los efectos que resulten de este traslado crearán mayores oportunidades para los trabajadores y consumidores estadounidenses. En consecuencia, las protecciones a los inversionistas estadounidenses en este caso son plenamente coherentes con la visión que subyace en la Alianza para Centroamérica de la Administración Biden. Le instamos a implementar la voluntad del Congreso y hacer cumplir las protecciones de larga data a los inversionistas, contempladas en los acuerdos comerciales, ayudándoles a las empresas estadounidenses como Próspera a negociar y lograr una solución equitativa que beneficie a Honduras y a los Estados Unidos de América por igual.

 Entre las firman del documento figuran: Steven Horsford, James Clyburn, Yvette Clarke, Debbie Shchultz, Gregory Meecks, Byron Donalds, Joyce Beatty, Frederica Wilson, Donald Payne, Jimmy Panetta, Adriano Espaillat, Sheila McCormick, Bill Hagerty, Stacey Plaskett, Jared Moskowitz, Sandford Bishop y María Elvira Salazar.

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