Tegucigalpa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras emitió una advertencia el viernes, destacando preocupaciones sobre el uso indebido de la autoridad estatal y la violación de los derechos humanos bajo el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022.

Según el Conadeh, se han recibido alrededor de 440 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos desde que se implementó el estado de excepción. Esta medida fue instaurada por el gobierno para abordar delitos como la extorsión y restaurar la paz en el país.

Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, expresó su preocupación por la posible prolongación del estado de excepción, afirmando que «estas violaciones a los derechos humanos pueden ser sistemáticas y pueden acentuarse con el tiempo».

Cáceres señaló que el estado de excepción no es la solución adecuada para abordar problemas de seguridad ciudadana, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado. Argumentó que esta medida no ataca el problema de raíz, sino de manera superficial.

«El crimen organizado es un problema estructural en Honduras que no puede resolverse mediante el estado de excepción», dijo Cáceres. «Se necesita una política de seguridad ciudadana que incluya un enfoque basado en derechos humanos y de género».

El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos detalló que los informes del Conadeh muestran cómo los agentes del Estado realizan allanamientos con un uso desproporcionado de la fuerza, lo que ha resultado en la pérdida de objetos por parte de los afectados.

Cáceres instó a que el estado de excepción sea derogado para abordar el tema del crimen organizado, recordando que la Constitución de la República ya establece las circunstancias en las que esta medida puede ser adoptada.

Además, hizo referencia a la visita in loco realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2023, donde se señaló que el estado de excepción no es sostenible a largo plazo. Expertos independientes y relatores de las Naciones Unidas también han expresado preocupaciones similares.

Por último, Cáceres destacó la preocupación sobre la identificación de los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) durante el estado de excepción. Se han reportado casos de personas que utilizan el uniforme de estos agentes para cometer delitos y otras infracciones, lo que plantea dudas sobre la autenticidad de los agentes.

«¿Cuál es la certeza que tiene la ciudadanía de que esos agentes que tienen esa indumentaria verdaderamente sean agentes activos?», cuestionó Cáceres.

La advertencia del Conadeh subraya la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos durante situaciones de excepción, así como la necesidad de buscar soluciones efectivas y respetuosas con los principios democráticos para abordar los desafíos de seguridad en el país.