La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lo dio a conocer este día; e indicó que en el período 2010-2014 fueron despilfarrados 310 millones de lempiras.

Este día, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se personó a las oficinas de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público (MP), con el objeto de presentar formal denuncia ante el ente persecutor, en contra del expresidente de la república Porfirio Lobo Sosa.

La misma es extensiva hacia el exsecretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial (2010-2014); de acuerdo a la organización denunciante, los señalados son los presuntos responsables de haber malversado más de VEINTICINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L 25,000,000.00), ya que dichos fondos estaban destinados para la ejecución de programas sociales y se utilizaron supuestamente para apoyar la seguridad presidencial.

La investigación fue iniciada en el año 2017 y las operaciones habrían sido dirigidas desde el despacho de la Presidencia y el de la Primera Dama, transfiriendo fondos desde el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) hacia la Secretaría de Finanzas mediante 4 cheques, cada uno por un monto de 75 millones de lempiras.

El CNA identificó que el expresidente de la república (2010-2014), en fecha 4 de junio de 2013, solicitó por escrito al Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Infancia (CODIPANI), la transferencia de CIEN MILLONES DE LEMPIRAS (L 100,000,000.00), fondos que serían utilizados supuestamente para programas de asistencia social que ejecutaría la Presidencia de la República.

Así mismo, la ex primera dama de la nación (2010-2014), en fecha 4 de junio de 2013, solicitó por escrito al Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Infancia (CODIPANI), la transferencia de CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L 50,000,000.00), fondos que serían utilizados aparentemente para programas de asistencia social denominado “Calzando y vistiendo los niños de Honduras”.

Como parte de los actos preparatorios para cometer un delito y con el objeto de darle apariencia de legalidad a las solicitudes de fondos, el expresidente de la república, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 516-2013, de fecha 22 de octubre de 2013, acordó la creación de la estructura presupuestaria que le permitiera al despacho de la presidencia, poder agenciarse de los fondos, que supuestamente serían utilizados para la ejecución de programas sociales.

Así mismo, se identificó una solicitud que el hoy expresidente denunciado envió al exsecretario de Estado en el Despacho de Finanzas (actual presidente del Banco Central), requiriendo la transferencia de VEINTICINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L 25,000,000.00), que serían utilizados para la seguridad presidencial.

Sumado a lo anterior, es un hecho irrefutable que el 17 de octubre de 2013, la Secretaría de Finanzas, mediante un documento oficial para ejecución de gastos, denominado F01 No. 189, se verificó, aprobó y firmó la autorización de transferencia de fondos al despacho de la presidencia, en un término de 24 minutos; siendo esta situación una burla al buen funcionamiento y resguardo de los fondos públicos.

Puesto que, como práctica dentro de dicha secretaría, se deben de seguir una serie de procesos que garanticen el uso adecuado de los fondos públicos.