Tegucigalpa. 28 de agosto de 2023. Un reciente informe emitido por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), a través del Proyecto ProDefensoras Honduras, ha puesto en relieve la creciente vulnerabilidad de las mujeres en Honduras frente a los impactos del cambio climático. Según este estudio, las mujeres han experimentado un aumento en la exposición a violaciones de sus derechos, lo que agrava su marginación en distintos ámbitos de la sociedad.

La Coordinadora del Proyecto «ProDefensoras Honduras», Brenda Zuniga, explicó que los resultados del informe resaltan la presencia de una violencia estructural, que refleja las desigualdades y la precariedad que afectan a las mujeres en el país centroamericano. Esto, a su vez, limita su acceso a oportunidades y a la garantía de sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El informe revela que el año 2022 estuvo marcado por una serie de desafíos, incluyendo la crisis de seguridad alimentaria, la violencia vinculada a grupos de narcotráfico y pandillas, y la presión ejercida por el cambio climático y sus consecuencias, como inundaciones y sequías. Como resultado, alrededor de 3.2 millones de personas en Honduras se encuentran actualmente en situación de necesidades humanitarias, de las cuales el 60% son mujeres. Estas mujeres pertenecen mayoritariamente a zonas rurales y a grupos étnicos con altos niveles de pobreza, además de enfrentar limitaciones en el acceso a servicios básicos y de salud.

El cambio climático ha dejado en evidencia la desproporcionada vulnerabilidad de las mujeres, exponiéndolas aún más a violaciones de sus derechos. Factores como la falta de titularidad de tierras, dificultades para acceder a créditos agrícolas en comparación con los hombres y los cambios en los patrones de lluvia y sequía, han agravado su situación.

El informe también señala que las mujeres están perdiendo el control sobre sus cultivos y fuentes de agua, lo que las empuja a desplazarse en condiciones precarias y aumenta su riesgo de ser víctimas de trata y abuso sexual. Dada su dependencia de los recursos forestales para su subsistencia y su aguda vulnerabilidad a los impactos climáticos, las mujeres defensoras de los derechos humanos se han visto involucradas en la protección de estos recursos, lo que ha incrementado los actos violentos en su contra, con el objetivo de silenciar sus voces y su participación en la esfera pública.

Entre los años 2020 y 2021, la Red Nacional de Defensoras informó de un alarmante incremento del 35% en las agresiones, siendo el 45% de estos incidentes registrados en zonas rurales, especialmente en relación con la defensa de recursos naturales.

La resiliencia de las mujeres rurales en Honduras se ha visto comprometida aún más por las normas de género y las prácticas discriminatorias, que limitan su acceso a la tierra y a la asistencia técnica en el ámbito agropecuario.

Los altos niveles de violencia doméstica y sexual que enfrentan en momentos de precariedad económica, durante y después de eventos climáticos extremos, han creado un círculo vicioso de inseguridad climática que mina su capacidad de adaptación, restringe sus opciones de sustento y disminuye aún más su influencia en la sociedad.