Tegucigalpa. En una operación conjunta liderada por el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), logró obtener un auto de formal procesamiento contra Lenard Francisco Matamoros García, receptor II del Circuito Anticorrupción en Tegucigalpa, y su madre,  María Reina García Cruz.

Ambos enfrentan cargos de revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos, tras ser detenidos durante allanamientos ejecutados la semana pasada en las colonias Las Uvas y La Peña. La acción, realizada por la ATIC y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), fue ordenada por el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción.

La medida cautelar de prisión preventiva fue decretada para los acusados, y el Ministerio Público logró asegurar e incautar un bien inmueble en la residencial Las Uvas, vinculado a irregularidades en la escritura pública de compraventa. La propiedad, originalmente del difunto abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios, fue vendida por menos del 20% de su valor comercial a la madre del funcionario judicial, con alteraciones en el proceso de venta.

Las investigaciones, que datan de 2019, revelan que desde el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de corrupción se filtraba información a investigados, comprometiendo diligencias y capturas. La extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Maccih-Ufecic) identificaron al menos dos entregas de dinero a cambio de información privilegiada.

El análisis financiero expuso un notable aumento en los ingresos del funcionario judicial al inicio de sus labores en el circuito anticorrupción, con más de 165 depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos, totalizando L2,063,800.00.

El modus operandi incluyó además la administración de juegos de suerte no autorizados, continuando incluso durante la pandemia a través de aplicaciones como WhatsApp y «PÓKER». Alrededor de 213 jugadores fueron identificados, realizando apuestas por transferencias bancarias y sumando aproximadamente dos millones de lempiras.