Tegucigalpa_ La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ)  presentó el informe «Estado de País: Democracia y Transparencia», donde se destaca la preocupante situación en Honduras respecto a la lucha contra la corrupción y la transparencia gubernamental.

El informe revela que, a pesar de ser una promesa de campaña de la Presidenta Xiomara Castro, la instalación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad (CICIH)  aún no se ha concretado, dejando a la ciudadanía esperando durante 796 días.

Además, muestra que solo el 2.7% de las auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas fueron remitidas al Ministerio Público en 2023, y la efectividad de las fiscalías anticorrupción fue del 0.67%.

La crisis de ingobernabilidad y conflictos políticos en 2023 opacaron los pocos avances obtenidos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en Honduras. El país sigue ocupando los últimos lugares en índices de democracia, Estado de Derecho, transparencia legislativa y percepción de corrupción.

En su  cuarta entrega, en el  capítulo de Transparencia Internacional, señalaron los desafíos que enfrenta el país en 2024 en transparencia, reducción de cuentas y combate frontal a la corrupción.

Honduras acumuló 14 años sin poder acceder a los fondos de la Cuenta del Desafío del Milenio debido a la corrupción.

A pesar de algunos avances, como la eliminación de la Ley de Secretos Fideicomisos y un proceso participativo de selección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, los esfuerzos mostraron una pausa en 2023 debido a la crisis de ingobernabilidad en el Congreso Nacional y la falta de voluntad política ante iniciativas anticorrupción.

El informe también destaca la baja productividad legislativa del Congreso Nacional en 2023 y las subvenciones otorgadas a los diputados sin medidas que garanticen la transparencia y rendición de cuentas, lo que dejó espacios para cuestionamientos sobre clientelismo político y corrupción.

Ante esta situación, la Asociación para una Sociedad Más Justa recomienda fortalecer la independencia de los poderes del Estado, dotar de mejores herramientas legales, técnicas y presupuestarias a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y acceso a la información.