Tegucigalpa.- En una sesión nocturna marcada por la opacidad y la controversia, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el tratado de límites marítimos entre Honduras y Nicaragua. La decisión, tomada a puertas cerradas y sin acceso a la prensa, ha generado una amplia preocupación tanto dentro como fuera del ámbito legislativo.

El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, ordenó la salida de los representantes de los medios de comunicación, argumentando que se abordaría un asunto de seguridad nacional. Esta medida provocó rechazo incluso entre algunos diputados, como Fátima Mena, quien solicitó dejaran a la prensa.

El trámite del tratado estuvo marcado por un incidente curioso, cuando parte del documento fue leído por error por la secretaria Luz Angélica Smith, antes de la elección de 18 altos cargos de segundo grado. Sin embargo, la lectura fue interrumpida y la agenda legislativa continuó.

Finalmente, alrededor de las 10:40 de la noche, se anunció que el tratado había sido aprobado con el respaldo de 122 votos en la Cámara.

Este acuerdo tiene un antecedente en el año 2021, cuando fue firmado por el gobierno hondureño bajo la administración de Juan Orlando Hernández en aquel entonces. Sin embargo, su ratificación en el Congreso Nacional fue bloqueada por la bancada de Libre, que era oposición en aquel momento, argumentando un boicot legislativo.

Ahora, tras 21 meses de espera y con un cambio de gobierno y control legislativo del Partido Libre, se esperaba la ratificación del tratado. Este acuerdo es de suma importancia para Honduras, ya que permitiría el acceso soberano al Pacífico, una posibilidad negada durante casi un siglo.

La negociación con Nicaragua fue concluida en 2021, pero la ratificación en el Congreso hondureño se había pospuesto. Posteriormente, Honduras deberá negociar por separado con El Salvador, como lo estableció la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el juicio limítrofe con El Salvador.

La aprobación de este tratado marca un hito en la política exterior de Honduras y podría tener repercusiones significativas en el desarrollo económico y la soberanía del país en el ámbito marítimo. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo esta aprobación ha levantado interrogantes sobre la transparencia y la participación democrática en el proceso legislativo.