El analista hondureño Luis León enfatizó la naturaleza eminentemente política del conflicto surgido por la elección de fiscales titulares interinos en el Ministerio Público (MP). Según León, la solución a esta problemática debe ser abordada desde una perspectiva política, desestimando la vía jurídica, a pesar de los recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para anular los nombramientos de los fiscales interinos.

León señaló en HRN que las decisiones tomadas hasta el momento han sido de índole política, por lo tanto, el desbloqueo de esta situación requerirá un enfoque político, no jurídico.

Además, hizo hincapié en que el paro legislativo, la formación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y la designación de los fiscales interinos, Johel Zelaya y Mario Morazán, parecían ser acciones premeditadas.

Los fiscales interinos fueron seleccionados el 1 de noviembre por nueve diputados que conforman la Comisión Permanente, instancia que se estableció después de que el oficialismo y la oposición no lograran consensos para elegirlos por mayoría en el Parlamento, compuesto por 128 diputados.

León enfatizó que las acciones de los fiscales interinos son legales mientras la CSJ no emita un fallo que invalide dichas acciones, a pesar de los recursos de inconstitucionalidad presentados por diversos sectores contra la elección de Zelaya y Morazán.

El analista considera positivo que la llegada de estos fiscales haya impulsado la reactivación de numerosos casos de corrupción que estaban archivados, lo que podría contribuir a la búsqueda de justicia en Honduras. Sin embargo, advierte que la validez de estos casos es crucial; si la CSJ determina la inconstitucionalidad del nombramiento de los fiscales, sus acciones podrían ser igualmente consideradas inconstitucionales.

Enfatizando que las acciones de los fiscales interinos no son ilegales hasta que la CSJ lo determine oficialmente, León destaca la urgencia de un acuerdo político que permita la elección de fiscales titulares permanentes.

En caso de que la CSJ declare la inconstitucionalidad de los nombramientos de los fiscales interinos, León argumenta que todos los requerimientos emitidos y sus autorizaciones serían cuestionables, debilitando así los casos abiertos, ya que "en derecho penal todo lo que beneficia al imputado tiene efecto retroactivo".

Entre los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público a través de los fiscales Johel Zelaya y Mario Morazán, se encuentra el caso del presidente del Partido Nacional, David Chávez, acusado de fraude y violación de deberes por una presunta compra sobrevalorada de equipamiento para el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

Además, se han señalado a la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, actualmente detenida, y a la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, en relación con el caso de corrupción de los "Hospitales móviles" durante la pandemia del covid-19. Estos individuos desempeñaron roles clave en los dos últimos gobiernos del Partido Nacional, entidad que ha denunciado ser víctima de persecución política.