Tegucigalpa. La presentación de la iniciativa de ley especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) por parte de la diputada Hortensia Zelaya el pasado 17 de abril en el Congreso Nacional ha generado debate y preocupación respecto a las posibles limitaciones de competencias del mecanismo internacional.

El abogado Jair López ha expresado su preocupación, señalando que el decreto propuesto combina varios delitos de administración pública con actos de gestión pública sobre los cuales actuaría la CICIH, lo que podría crear un problema en el futuro debido a la delimitación establecida. Según López, «debe mejorarse dejándolo de una manera más abierta».

López también destacó que, aunque el proyecto faculta a la CICIH como un querellante autónomo para investigar, acusar y llevar a juicio redes de corrupción, así como para realizar acciones investigativas independientes, presenta una serie de tipos penales específicos a perseguir. Esto incluye una amplia gama de delitos que van desde contratos de crédito público hasta malversación de caudales públicos y fraudes electorales.

Sin embargo, el abogado expresó su preocupación por la ausencia de menciones al Poder Judicial en el proyecto, argumentando que no serviría de nada presentar acusaciones ante jueces que «no son nombrados de manera independiente».

Esta propuesta de ley especial de la CICIH busca fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, pero las críticas y preocupaciones planteadas por el abogado López resaltan la importancia de garantizar una legislación efectiva y amplia que permita abordar todos los aspectos necesarios para combatir este flagelo en el país.