Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, ha vuelto a levantar la voz tras la derogación del decreto 116-2019, conocido como Fondo Departamental, llevada a cabo en el Congreso Nacional el pasado miércoles 2 de agosto del 2023 con 82 votos. Según abogados constitucionalistas, se requerían 86 votos para la derogación, lo que ha suscitado dudas sobre la legalidad del proceso.

En un artículo de opinión,  este lunes, Castellanos calificó la acción del Congreso Nacional como un acto totalmente inconstitucional. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción advirtió que la ley sigue vigente debido a la falta de votos requeridos y señaló que el Fondo Departamental permanece como una posible herramienta para repartir fondos del Estado, alegando la existencia de indicios de corrupción pública-privada en su funcionamiento pasado.

Asimismo, Castellanos expresó preocupación por la aparente intención de congraciarse con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) mediante la derogación del Fondo Departamental, sosteniendo que otros pactos de corrupción y leyes controversiales no se verían afectados por esta acción.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción destacó que la derogación del Decreto 116-2019 no debe desviar la atención de otros temas relacionados con la corrupción en el país, y enfatizó la importancia de abordar todos los actos irregulares que afecten los intereses del Estado hondureño.

Las declaraciones de Gabriela Castellanos añaden un nuevo capítulo a la controversia generada por la derogación del Fondo Departamental, planteando interrogantes sobre la transparencia y el cumplimiento de la normativa en el contexto político de Honduras.