Este acuerdo fue alcanzado en una sesión del pleno de la CSJ en febrero de 2024, pero, según los opositores, la presidenta Obando ha «bloqueado» la ejecución de dicho acuerdo.

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, fue uno de los primeros en denunciar públicamente lo que considera un intento por parte del Partido Libertad y Refundación (Libre) de obstaculizar la rotación del cargo, una maniobra que, a su juicio, responde a un cálculo político tras los resultados de las elecciones primarias del pasado mes.

¿Una estrategia para desestabilizar la Corte Suprema?

Zambrano fue enfático en sus declaraciones, indicando que la oposición de Libre a la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional está ligada a la situación política del país. Según el jefe de bancada, la negativa de Libre a permitir que el magistrado Padilla asuma el cargo responde a la intención de crear una crisis en el Poder Judicial, lo que podría ser utilizado como pretexto para llevar a cabo un «rompimiento del orden constitucional» y convocar a una Asamblea Constituyente.

“Nos quieren llevar a una crisis sin precedentes en el Poder Judicial y ahora esa crisis se va a trasladar nuevamente a la Sala de lo Constitucional para volver inoperante la Corte Suprema, y después el Partido Libre buscará la excusa para llevar a cabo el rompimiento del orden constitucional y convocar a una Constituyente”, manifestó Tomás Zambrano en una rueda de prensa.

También la diputada y candidata a designada presidencial del Partido Nacional (PN), María Antonieta Mejía, no se ha quedado callada y ha utilizado sus redes sociales para manifestar su malestar por las acciones de la presidenta del Poder Judicial. La polémica se ha intensificado luego de que Mejía acusara a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de intentar «arrebatar» la presidencia de la Sala Constitucional, ignorando los acuerdos previos.

“La presidenta de la ‘Casa de la Justicia’ intenta dar un golpe bajo: a la fuerza, con imposiciones, pretende arrebatar nuevamente la presidencia de la Sala Constitucional”, expresó María Antonieta Mejía en su cuenta de Twitter. La diputada destacó que la rotación de la presidencia en la Sala Constitucional es una cuestión que debe respetarse como parte del orden constitucional. Sin embargo, según Mejía, lo que está sucediendo es una alteración de ese orden, influenciada por intereses personales y políticos.

Uso indebido de la Fiscalía y un juego de poder

María Antonieta Mejía no dudó en calificar de «abuso inaceptable» la utilización de la Fiscalía como una herramienta para presionar y desacreditar a quienes están en contra de las acciones de la presidenta Rebeca Raquel O. En su mensaje, expresó su preocupación por el uso de esta institución para «manchar el honor de las personas» y permitir que la presidencia de la Sala Constitucional sea cedida, en su opinión, de manera ilegítima.

“Respeten al pueblo. Alterar el orden constitucional por el capricho de una familia. Usar la Fiscalía como arma para amenazar y manchar el honor de las personas, para ceder la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional, es un abuso inaceptable”, sentenció la dirigente del Partido Nacional. Además, dejó claro que, en su opinión, lo que está ocurriendo no es un acto de justicia, sino un juego de poder, orquestado por quienes, según ella, consideran que el país es una «herencia familiar».

Merary Díaz también se pronuncia contra el abuso de poder

La diputada nacionalista, Merary Díaz, se sumó a las críticas y también acusó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de un claro «abuso de poder». Según Díaz, la presidenta Rebeca Raquel O. está impidiendo que el magistrado Luis Fernando Padilla asuma la presidencia rotatoria de la Sala Constitucional, tal y como lo establece la normativa interna del Poder Judicial.

“Claro abuso de poder… al no permitir que el magistrado Luis Fernando Padilla asuma la Presidencia de la Sala Constitucional”, indicó la diputada Díaz, refiriéndose a la negativa de la presidenta de la Corte a ceder la presidencia a Padilla, quien debió asumir el cargo en virtud de la rotación establecida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Díaz también advirtió que este tipo de maniobras atentan contra la institucionalidad del Estado y ponen en peligro la democracia. “Atentan contra la institucionalidad del Estado desde la Presidencia del Poder Judicial. Amenazan con requerimiento fiscal. Democracia en peligro”, afirmó, advirtiendo sobre los posibles riesgos para el sistema democrático de Honduras.

Movimientos extraños en la Corte Suprema

Maribel Espinoza también expresó su preocupación por lo que considera movimientos extraños dentro de la Corte Suprema de Justicia. “Ahora, ¿qué está pasando? Se escucha en los pasillos de la Casa de la Justicia movimientos extraños en la sala. ¿Cambios a decisiones administrativas que ya fueron adoptadas? ¿Con qué justificación legal?», se preguntó Espinoza, quien subraya la importancia de que la Corte Suprema ofrezca certidumbre y seguridad jurídica a los ciudadanos.

Espinoza también destacó que, en caso de que la presidenta Rebeca Raquel O. continúe con sus acciones de bloquear la presidencia de Luis Fernando Padilla, esto podría destruir la confianza en el sistema judicial y, por ende, afectar el Estado de Derecho en Honduras.

Este 22 de abril, el magistrado Padilla asumirá su cargo como parte de una rotación que se había decidido por unanimidad, y cuya implementación fue acordada en base a la Acta 5-2022 y un oficio emitido el 14 de febrero de 2025. Según Maribel Espinoza, abogada y analista política, “la resistencia a la rotación de la coordinación en la Sala Constitucional pone en peligro la seguridad jurídica que debe ofrecer el Poder Judicial a la ciudadanía».

Se convoca sesión de la Sala Constitucional

Ante la crisis que se ha generado, se convocó al pleno de la Sala Constitucional para el día miércoles 23 de abril de 2025 a las 9:00 a.m., en la cual se espera que el magistrado Luis Fernando Padilla asuma oficialmente la presidencia. La convocatoria fue realizada en base al acuerdo tomado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 22 de abril del 2024, y también se basa en el oficio emitido por la presidenta de la Corte el 14 de febrero de 2025.

Este escenario está generando gran expectación en el país, ya que muchos esperan que la institucionalidad sea respetada y que el proceso de rotación de la presidencia de la Sala Constitucional se cumpla conforme a la ley.