Informe de ASJ revela el fracaso del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) con un presupuesto de 8,738 millones de lempiras y 4,628 empleados.

Tegucigalpa. El Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) en Honduras ha registrado su mayor fracaso en los últimos 18 años, según una evaluación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). A pesar de contar con un presupuesto de 8,738 millones de lempiras, ocho veces más alto que el destinado a construcciones escolares y el doble del asignado al Hospital Escuela, el PNRP no ha logrado reducir las pérdidas de energía eléctrica en el país.

El informe revela que las pérdidas de energía eléctrica aumentaron en todas las regiones de Honduras, cerrando 2023 con la cifra más alta en 18 años, alcanzando un 38.37%, a pesar de la meta del PNRP de reducirlas al 30.89%. El impacto económico para la población podría ascender a 90,186 millones de lempiras para fines de 2025 si no se toman medidas urgentes.

ASJ destaca que el PNRP empleó a 1,930 personas para dar resultados, pero en promedio, cada empleado instaló menos de dos medidores por semana. El informe señala que el programa solo ejecutó el 22% de sus acciones planificadas para 2023.

El costo de las pérdidas de energía en 2023 fue de 22,391.17 millones de lempiras, cantidad suficiente para construir 13 hospitales, proporcionar libros de texto a 1.8 millones de estudiantes durante 35 años o construir cinco represas como El Tablón.

ASJ destaca la falta de coordinación entre los diversos actores involucrados en la reducción de pérdidas, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el PNRP y la Unidad de Control de Distribución (UTCD). La multiplicidad de entidades con presupuestos y personal propios complica la identificación de responsabilidades y funciones específicas.

La asociación insta a las autoridades a revisar las estrategias implementadas y a buscar enfoques más efectivos para lograr una reducción sustancial de las pérdidas de energía. Destacan la importancia de una asignación eficiente de los recursos públicos para asegurar servicios energéticos de calidad y accesibles para la población vulnerable.