Tegucigalpa. La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) emitió un comunicado expresando su preocupación por el conflicto generado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, que evidencia una vez más la falta de voluntad política y ambivalencia de la clase política del país en detrimento de la democracia, el Estado de Derecho y la confianza ciudadana.

Según un Oficio firmado por la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, se ha confirmado lo que la RDD denomina un «golpe» a la Sala Constitucional del Poder Judicial, al designar al magistrado Wagner Vallecillo como presidente de la Sala sin respetar el orden de precedencia. Esta situación se repite en la Sala de lo Civil con la designación de la magistrada Bustillo Martínez, quien rechazó el puesto.

Ráquel Obando justificó la rotación de las salas argumentando una reforma al Artículo 16 del Reglamento Interior de la CSJ para decretar la presidencia y coordinación de las cuatro Salas. Sin embargo, la RDD considera que estas acciones debilitan el Estado de Derecho en Honduras y lo alejan de garantizar el imperio de la Ley por encima de acuerdos e intereses partidarios y personales.

La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia, señaló la RDD, destacando que la interferencia política en la selección de los miembros de la Corte Suprema pone en riesgo esta independencia y debilita la confianza en las instituciones democráticas.

«Es penoso que desde la CSJ se desprendan estas acciones, ya que dicho poder del Estado está llamado a ser el último bastión en la defensa de la democracia y establecer pesos y contrapesos en el sistema democrático», lamentó la RDD.

Estas acciones, que irrespetan lo establecido en reglamentos y leyes hondureñas, debilitan el Estado de Derecho y alimentan de manera negativa las evaluaciones internacionales sobre la democracia en el país, advirtió la RDD.

La coalición de organizaciones instó a respetar y mantener los principios del Estado de derecho, incluido el respeto a los precedentes y las normativas establecidas para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el sistema judicial hondureño.